Qué hay detrás de la Cañada Real

Ha muerto de frío un hombre de 74 años en la Cañada Real, según la denuncia presentada por su familia contra Naturgy y la Comunidad de Madrid. Si se confirma, sería la primera víctima de los cortes de luz que sufren desde hace tres meses más de 4.000 personas, entre ellos unos 1.800 niños, que viven en el mayor asentamiento irregular de España. Tanto la compañía eléctrica como la presidenta madrileña, responsable de la zona junto al Ayuntamiento, culpan a las plantaciones ilegales de marihuana, pero ya existían antes de los cortes y son excepcionales. Qué pasa entonces. ¿No se lo imaginan? ¡Bingo! Intereses urbanísticos: dinero.

La Cañada Real Galiana se sitúa en el sureste madrileño, la mayor bolsa de suelo para vivienda asequible en la capital, en una intersección de terrenos comprados por las grandes promotoras del ladrillo del país que tienen 38 proyectos en construcción. Pero, claro, nadie quiere tener un poblado chabolista en el vecindario, no es buena publicidad para vender las casas, y han encontrado un método para desalojar a los habitantes de la zona: dejarles sin luz y calefacción. Desde otoño, qué casualidad. Es la estrategia habitual de las promotoras cuando quieren deshacerse de las personas a las que llaman “bichos” que entorpecen sus planes de negocio. 

¿Y quién ha aparecido como máxima aliada de las promotoras? ¡Bingo otra vez! La amiga del ladrillo, la presidenta que acaba de regalarle 130 millones a las constructoras por un hospital de pandemias sin médicos ni quirófanos ni casi pacientes: Isabel Díaz Ayuso. Su respuesta a las peticiones desesperadas de las familias de la Cañada fue llamarles delincuentes y decir que tenían “Porsches en la puerta” pero no querían pagar la factura. Fin de la cita. Más de 4.000 personas, casi 2.000 niños congelados, un bebé ingresado por hipotermia y su respuesta es que ella no piensa “democratizar la delincuencia”. Fin de la cita. 

La víctima es débil porque la pueden presentar como culpable. El poblado es un foco de conflictos de droga y delincuencia, los vecinos son los parias de la tierra, hay muchos gitanos y migrantes a los que criminalizar y las familias no tienen licencia eléctrica porque el asentamiento es ilegal. Pero la realidad detrás de la Cañada es que ahí viven miles de pobres y precarios de clase trabajadora que tienen que convivir con el mercado de la droga y con las narcosalas que son minoritarios en el barrio. En la mayor nevada en 50 años, en medio de una ola de frío histórica, la empresa y las administraciones están sometiendo a una tortura inhumana a quienes no tienen nada más que problemas. 

Los responsables directos son la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Sólo el alcalde Almeida, después de tres meses, ha ofrecido una nave a la que no han querido irse los vecinos, lógicamente, porque lo que quieren es que vuelva la luz a sus casas, no vivir en un pabellón. Tampoco está reaccionando como debiera el Gobierno central, que podría declarar zona catastrófica o buscar mecanismos para intervenir, como le han pedido Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo y el Comité de Derechos del Niño y la Niña. Pablo Iglesias ha pedido a Naturgy que devuelva el suministro y a Ayuso que pida ayuda a la Unidad de Emergencias Militar. No lo harán, por lo tanto no es suficiente con pedirlo, hay que imponerlo o actuar. 

Por supuesto que la Cañada Real necesita una solución integral que acabe no sólo con el frío, también con la marginación y la droga y procure una vida digna a estas personas. En 2017 se firmó un pacto que preveía derribos, realojos y asfaltado para el sector más pobre y garantía de suministro para la zona. Tres años después no se ha hecho efectivo y la llegada del PP al Ayuntamiento y la Comunidad le ha dado carpetazo. Su plan es otro, provocar la huida de los vecinos para liberalizar suelo y para allanar el camino de las promotoras que están construyendo alrededor. El ladrillo por delante de las personas, el dinero por delante de la vida. A quién le importan estos muertos de frío. 

La Cañada es tierra de nadie. Ninguna administración se hace cargo de estos nadies. Tampoco la empresa eléctrica que ni siquiera demuestra un mínimo de compasión ante las temperaturas gélidas que estamos padeciendo. Ha muerto una persona. Pueden morir más. Debería pesar en la conciencia de los responsables, pero han demostrado que no tienen.