Castilla-La Mancha, entre las regiones con menor grado de privatización sanitaria
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública sigue analizando los procesos de privatización que se dan, con diferentes grados, en las comunidades autónomas. En su cuarto informe sobre la cuestión, señala que estos fenómenos continúan teniendo una “intensidad variable” según las regiones, atendiendo tanto al partido político que gobierna como a otras circunstancias y con la premisa general de que alcanzó su máximo en la última legislatura en que el PP gobernó con mayoría absoluta en el país.
Así, este colectivo afirma que el gasto sanitario privado se ha incrementado notablemente en los últimos diez años, hasta un 52%, lo que se debe a una bajada continuada de los presupuestos destinados a la sanidad pública, que ha pasado de ser el 6,7% del PIB en 2009 al 5,6% en 2016. Al mismo tiempo, se ha producido una “derivación creciente de los fondos públicos al sector privado deteriorando el sistema sanitario público y favoreciendo la búsqueda en el sector privado de las prestaciones que no se consiguen en la Sanidad Pública”. Esto explica que los seguros privados sanitarios hayan sido los de mayor crecimiento en 2016 (el 3,6%).
Por otra parte, el informe recalca que la falta de transparencia informativa es uno de los “grandes déficit” del sistema sanitario, de manera que resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y “más aún si se pretende que sean homogéneos”.
Entre las variables analizadas se encuentran aspectos de aseguramiento, financiación privada, recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en cada comunidad autónoma.
Con estos datos, las regiones con un elevado grado de privatización son Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y Galicia; las que mantienen un grado intermedio son País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla y león, Aragón, Asturias, Andalucía, Murcia y La Rioja; mientras que las comunidades con un bajo grado de privatización son Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura.
A nivel general, la Federación concluye que se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación del sistema sanitario estatal, especialmente importante a partir de 2009 y también se han incrementado los conciertos, el aseguramiento privado y el gasto de bolsillo.
