La gestión de las residencias castellanomanchegas durante la pandemia recrudece el debate parlamentario

Un debate general en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha provocado hoy una agria polémica en torno a la gestión de los centros sociosanitarios, entre ellos las residencias de personas mayores, durante la pandemia de COVID-19. Mientras que la consejera de Bienestar Social de la Junta, Aurelia Sánchez, ha defendido el modelo y la inspección, los grupos de la oposición han criticado duramente la ausencia de medidas en esta área y han reprochado al Gobierno regional no haber sabido estar “a la altura” durante la segunda ola de coronavirus.

En primer término, la consejera ha avanzado un acuerdo con Ciudadanos para la recuperación post-COVID del modelo de centros residenciales, que contiene la realización de un plan de diagnóstico y auditoria. Y según ha dicho, la auditoria social referida a la primera ola de la pandemia en estas residencias está realizada y en próximas fechas se hará pública.

En cuanto al refuerzo a los aspectos sanitarios en residencias, la dotación de recursos materiales y el establecimiento de las condiciones mínimas que han de regir los centros residenciales, se ha referido al decreto regulador de las condiciones básicas de los centros destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha: “Va a abrir nuevas opciones a la implantación de nuevos modelos, para que el funcionamiento en los centros pueda conjugar las necesidades de profesionales, con la prestación de servicios mediante la atención centrada en la persona”.

Por otro lado, Aurelia Sánchez ha precisado que la formación especializada de las personas trabajadoras es “ahora más necesaria que nunca”. Por ello se están desarrollando acciones formativas especializadas a los y las profesionales de las residencias de mayores en cada provincia de la región.

Sobre el Plan de Inspección

Finalmente, ha indicado que una de las medidas de más trascendencia adoptadas tras la declaración del estado de alarma fue la puesta en marcha de un Plan de Inspección específico de residencias de mayores, cuyo objetivo principal es apoyar a los centros en la implantación de los planes de actuación dirigidos a la protección de las personas y limitar la propagación del virus. En total, hasta la fecha, la Inspección de Centros de Bienestar Social ha realizado, en exclusiva en centros residenciales de personas mayores 388 actuaciones inspectoras, que se elevan a 431 si incluimos el resto de colectivos objetivo.

Estas explicaciones no han convencido a los grupos de la oposición. Desde Ciudadanos, aunque forman parte del acuerdo post-COVID mencionado por la consejera, han lamentado que “hay toda una generación que nació en plena Guerra Civil, creció en una dictadura y a la que debemos el estado de paz y bienestar que hoy podemos disfrutar, y no hemos sabido proteger en esta región”. “Un 77% de las muertes por coronavirus en Castilla-La Mancha son de personas que se encontraban en residencias”, ha sentenciado la diputada Úrsula López. En su intervención ha preguntado a la consejera de Bienestar Social cómo es posible que “sigamos sin poder proteger a nuestros mayores”. “Firmamos un pacto para protegernos a todos y a los mayores en especial y desde la capacidad de exigir que nos otorga el acuerdo, desde nuestra responsabilidad, les exigimos que actúen ya”.

Desde la formación naranja han propuesto un plan de choque dirigido a todas las personas relacionadas con las residencias de mayores, no solo todas las personas afectadas o con clínica, sino también, muy especialmente, a las personas portadoras que son “el vector más numeroso y letal por su agresión y transmisión silenciosa sobre personas tan frágiles”.

Por último, ha solicitado realizar PCR inmediatas a todos los residentes de los centros, a todos los profesionales, agrupar a todos los residentes positivos en centros controlados por la Consejería de Sanidad, aislar en los centros controlados por la consejería de Sanidad a todos los residentes asintomáticos positivos, confinar dos semanas a todos los trabajadores positivos asintomáticos, y establecer una periodicidad que permita la detección precoz de brotes y evite transmisión de grupo.

PP: residencias “totalmente abandonadas”

Las críticas también han llegado de la mano del PP. La portavoz parlamentaria de este partido, Lola Merino, ha acusado directamente a Emiliano García-Page de tener “totalmente abandonadas” a las residencias de mayores en una situación de `riesgo extremo´ en Castilla-La Mancha por coronavirus. “¿Cómo es posible que las residencias de mayores hayan sido las más golpeadas desde el inicio de la pandemia, y que ahora, en esta segunda ola, vuelvan a cometer los mismos errores? Es indignante que no hayan aprendido absolutamente nada”, ha indicado.

En este sentido, ha dicho que esta comunidad autónoma es la región con mayor mortalidad de dependientes de toda España, según los datos recabados por el sistema estadístico de mortalidad de los registros civiles: han fallecido casi 1.500 personas en residencias de mayores. “No son números, son personas, padres, madres y abuelos que nos dieron la vida, el cuidado de los nietos y hasta la Democracia en España”. Además, ha señalado que se trata de una generación que “acogió a familias enteras cuando estalló la burbuja inmobiliaria, que dejó pagado hasta su entierro, pero que llegado el momento del adiós a la vida y no han tenido ni entierro, ni ceremonia, ni acompañamiento de sus familiares para poder llorarlos y despedirlos como se merecen, ni tampoco el reconocimiento del Gobierno de esta región”.

Por otra parte, Merino ha insistido en que, en la actualidad existen 108 centros sociosanitarios con casos positivos en Castilla-La Mancha y 862 residentes contagiados y la provincia de Toledo es la que presenta el mayor porcentaje de toda España, en incidencia acumulada en la última semana, entre los mayores de 65 años. Pero, ha lamentado, en esta región “no existe ni rastro” del Protocolo de Atención Temprana anunciado por la Consejera de Bienestar Social en el mes de agosto, hace 3 meses.