Las Kellys en Toledo: “Queremos cambios legislativos, no que nos defienda gente que no sabe hacer una cama”

“Que se organicen”. Es el mensaje que ha lanzado en Toledo la vicepresidenta nacional de las Kellys, Ángela Muñoz, a las camareras de piso que trabajan en los hoteles de Castilla-La Mancha. Ha pasado por esta ciudad invitada por Toledo Violeta para hablar de precariedad laboral, coincidiendo con la reciente conmemoración del Primero de Mayo.

El suyo, dice, “es un trabajo feminizado, precario y en el que te explotan mientras te dicen que eres el motor de la economía”, en alusión a buena la posición del sector turístico español en el mundo. “A nosotras eso no nos llega porque nos están externalizando, nos aumentan el número de habitaciones y las camareras de piso están enfermando”. Su profesión, dice, se ha convertido en “mano de obra barata y te dicen que es lo que hay. O lo coges o hay 20 detrás de ti”.

“Y encima nos están dejando por mentirosas. Exceltur, la CEOE… dicen que somos una mala influencia para sus hoteles porque solo hay un 2% de externalización”. Denuncia “abuso de poder” y la pérdida de cualquier posibilidad de sindicarse para defender sus derechos. La situación, dice, no es muy diferente para las trabajadoras de este sector en Castilla-La Mancha. “El trabajo es igual de duro en todas partes”.

De momento no hay delegación de las Kellys en la región aunque no descartan su próxima puesta en marcha. “A lo mejor tenemos que tirar de la clandestinidad pero hay que organizarse y que busquen apoyo entre ellas porque si no valorizan su trabajo, cada día perderemos un poco más”. Les dice también “que tengan claro que, sin habitaciones limpias, no hay hotel que se mantenga”. Y que defiendan “su salud y su dignidad”.

En España hay cerca de 100.000 trabajadoras que limpian hoteles y apartamentos: muchas están externalizadas y cobran dos euros por habitación. Otras encadenan contratos a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). “El objetivo es abaratar costes pero no se cumple con la ley de prevención de riesgos laborales. Y muchas si tienen lumbago, se toman una pastilla y se van a trabajar. Si caen de baja, saben que las despedirán”.

Ángela Muñoz comenzó como camarera de piso en 1999. Logró promocionar “gracias a la formación continua que te daban, no como ahora que te hacen contratos de formación que son contratos encubiertos” y hoy es gobernanta. Pero en plena aplicación de la reforma laboral, y con la externalización de este servicio en los hoteles, un ERE la dejó sin contrato. “Ahora estoy con contratos eventuales en función de la producción y solo me llaman cuando me necesitan, pero prefiero estar así a que me contrate una empresa externa que es explotación pura y dura”.

La suya es solo una de las historias de esta asociación de mujeres que comenzó a organizarse a través de Facebook en 2014 y que lleva funcionando desde 2016. Las Kellys consiguieron reunirse con Mariano Rajoy en La Moncloa. Dos horas de conversación -parte de ella hablando de la tierra del presidente debido a la presencia de la delegada gallega de la asociación- en la que les dio tiempo a enseñarle a Rajoy cómo sus precarias condiciones laborales afectan a su salud y les obliga a ir fajadas bajo su uniforme de trabajo. O cómo, ahora, ser camarera de piso “también requiere hacer un máster” (una broma en plena ‘crisis Cifuentes’) porque sus empresas reclaman formación.

Un mes después se ha creado una Mesa de Calidad por el Empleo, explica Ángela Muñoz. “Ya le dijimos al presidente que no necesitamos más estudios o mesas en las que no estamos las camareras de piso. Estamos hartas de que gente que no sabe hacer una cama, ni lo que supone hacer 20 habitaciones y que te paguen dos euros, se pongan a defender derechos que a ellos no les van a afectar”.

Siguen reclamando una modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (propuesta conocida como 'ley Kelly') que prohíba la externalización de la actividad principal de una empresa porque las empresas multiservicios, dicen, son competitivas a su costa. “Jueces y fiscales dicen que necesitan instrumentos para pararlo, los inspectores se ven desbordados. Ahora hay más denuncias pero necesitamos cambios legislativos”.

Siguen reclamando que sus dolencias sean reconocidas como enfermedad laboral y hablan de la necesidad de que se reconozca el suyo como “trabajo penoso”. Denuncian verse sometidas a contratos de formación de tres años que benefician a las empresas que los imparten “por contratar a mujeres de una edad determinada. Les van a dar dinero público por realizar contratos encubiertos”.

Y después, añade, están los cursos de formación que dan las empresas multiservicio, que las camareras tienen que hacer y pagar una parte, mientras sus propietarios se financian también con dinero público. “Es un negocio redondo. Llevan a las camareras del curso a realizar las prácticas a los mismos hoteles donde prestan servicios como empresa externalizada. Les dicen que si se portan bien les harán un contrato”.

Su lucha continúa y avanza lento, lento, pero cree que han ganado en “visibilidad”, a pesar del “miedo de las compañeras” y de las “buenas palabras de los políticos” (no salva a a ninguno con los que se ha reunido). “No necesitamos parches sino voluntad política porque el tema ya lo conocen”.

En su haber, un logro sobrevenido: “Nuestras protestas están sirviendo para que otros colectivos se organicen, como las aparadoras de calzado de Elche”. Y en su retina, el efecto del 8M que, dice, “ya no hay dios que lo pare”.