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A punto de llegar al mes de julio, muchos de los convenios que están encima de la mesa de las reuniones con la patronal siguen estancados, hasta el punto de que hay sectores que están sopesando la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones para tratar de reconducir la situación. De los 16 convenios sectoriales pendientes de negociar con los que las partes encaraban el inicio de 2015, sólo en el del Campo se ha llegado a un acuerdo y otros tres fueron prorrogados.
Por lo tanto, doce convenios que afectan a unos 40.000 trabajadores continúan aún sin acuerdo, y sólo cuatro cuentan con fecha para la próxima reunión de negociación. Es más, cinco de los ocho restantes llevan más de un año y medio sobre la mesa, y no existe un calendario programado para retomar las conversaciones entre patronal y sindicatos.
Es muy importante desbloquear esta situación y para ello debería de ser suficiente la firma, ayer mismo, del III AENC 2015-17 por parte de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, acuerdo que marca las directrices en materia de subida salarial (1% y 1,5% para los años 2015-16), cláusula de revisión salarial, calidad del empleo, ultraactividad, etc.
Para la Federación de Empresarios de Ciudad Real parece que estos acuerdos no van con ellos ya que siguen apostando por generar tensión en las mesas de negociación, continuar con los recortes en los derechos conseguidos en décadas y, en definitiva, poner en peligro los convenios sectoriales, algunos de los cuales se vienen “negociando” desde hace mas de dos años.
Como decía en el encabezamiento, tan importante como la firma de los convenios que se están negociando es el cumplimiento de los que están en vigor. El déficit en esta materia, en el respeto a lo firmado, está provocando situaciones tercermundistas que se extienden cada vez más, con sectores y localidades enteras donde es habitual la vulneración de la normativa laboral.
A modo de ejemplo me detendré en localidad de Tomelloso, la tercera más poblada de la provincia con cerca de 37.000 habitantes y donde las condiciones laborales son hoy semejantes a las de hace 20 o 30 años. Es terrible ver cómo en un pueblo cuyo alcalde preside el PP de Ciudad Real y de donde es la consejera de Empleo de Castilla-La Mancha, la explotación y el abuso en materia laboral se dan en sus propias narices.
No exagero. En época de campañas agrícolas, las cuadrillas de temporeros, mayormente inmigrantes, se juntan a las mismas puertas del ayuntamiento; y es allí donde acuden a enrolarlos los siniestros personajes que se ocupan de ponerlos a disposición de los agricultores, generalmente con salarios por debajo de convenio y sin dar de alta en la Seguridad Social. No lo denuncia sólo CCOO. Hace unos días, Cáritas de Ciudad Real denunciaba lo mismo, advirtiendo que estas situaciones se dan con bastante frecuencia, que las condiciones en que trabajan y viven los temporeros son denigrantes y que de cada 50 euros que cobra un trabajador, el intermediario se queda con la mitad.
Como digo, hay sectores enteros donde estas prácticas (cobrar por debajo de convenio, no estar dado de alta en la Seguridad Social, trabajar sin cobrar excesos de jornada) se dan de forma bastante generalizada en esta localidad. Normalmente son sectores -el agrícola, el de empleadas de hogar, la hostelería- donde la mano de obra es en gran medida inmigrante, joven o mujer, colectivos que son los que más sufren estos abusos.
También en otros sectores, como servicios, limpieza o industria, proliferan los casos de los trabajadores que acumulan mensualidades sin cobrar; y tampoco cobran las indemnizaciones por los despidos que se han multiplicado en los últimos años fruto de la crisis y de reforma laboral del Partido Popular.
Desde CCOO intentamos paliar en la medida de lo posible estas situaciones con información y presencia permanente en los tajos y en los centros de trabajo. Las gestiones, denuncias a la inspección y demandas se han multiplicado, pero aun así difícil que colectivos en situaciones de precariedad y con temor a no ser contratados nuevamente den el paso y se enfrenten a empresarios con una actitud caciquil en muchos casos.
Los empresarios honestos y los políticos responsables debieran ser los primeros en exigir y velar por el cumplimiento de las normas laborales y de los convenios colectivos.