El debate político está en el trasvase, el problema grave de los agricultores en el Guadiana

El pasado 30 de septiembre se votó en el Consejo Nacional del Agua (CNA) el informe preceptivo sobre la propuesta de Real Decreto de aprobación de varios planes de cuenca, entre ellos el Guadiana, uno de los últimos pasos para la aprobación definitiva. El resultado de la votación fue: 76 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos fue la única organización agraria que votó en contra. Además, presentamos un voto particular. ¿Su justificación? El Plan de Cuenca del Guadiana. Ya lo hicimos así en el anterior proceso de planificación en el CNA el 13 de diciembre de 2012, donde el proyecto de plan de cuenca era prácticamente una copia del que ahora presentaban.

Bueno, cambian algunas cosas: en este último proyecto de plan que ha estado en exposición pública no aparece, en absoluto, el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), lo querían dar por enterrado. Un PEAG que es mandato del Plan Hidrológico Nacional del 2001, y que debía de dar una solución definitiva a los problemas medioambientales y de regularización de expedientes de pozos.

Proceso que se inició y que no se ha terminado. Es más, quedan por resolver cerca de 1.700 expedientes de agricultores profesionales, los “agricultores de verdad”, que debían de haber sido los primeros y ahora se les pretendía dar carpetazo, sin solución.

En este nuevo proceso ha ocurrido un hecho interesante y a resaltar: esta vez en el Consejo Nacional del Agua el Gobierno de Castilla-La Mancha ha votado en contra. Desde el Ministerio quisieron su voto a favor, para intentar vender que se aprobaba por un amplio consenso, planteando incluir la prórroga del periodo de ejecución del PEAG. Pero el plan encierra muchos más aspectos dañinos para los regantes del Alto Guadiana, para los regantes legales también.

Así lo viene denunciando UPA proceso tras proceso. En el anterior, el voto a favor del gobierno de Castilla-La Mancha se argumentaba por la entonces consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, con palabras tan contundentes como: “establece medidas para solucionar definitivamente el grave problema de la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana, compatibilizándolas, como no podía ser de otro modo, con el mantenimiento de los regadíos de la zona, tan importantes social y económicamente para Castilla La Mancha”.

Pero de la aprobación de aquel plan, el que hoy está en vigor, los regantes y sobre todo sus representantes, presidentes y juntas directivas de las comunidades de regantes ya se van dando cuenta de lo pernicioso que era. Han tardado un poco.

Desde UPA Castilla-La Mancha lo dijimos antes y ahora: El plan que se aprobó y el que ahora se quiere aprobar no atiende las demandas de agua, ni garantiza el desarrollo socio-económico de la zona, no llega a cubrir ni un tercio de los derechos legales reconocidos de nuestros regantes, no atiende el déficit hídrico histórico de la cuenca Alta del Guadiana, mientras que en otras cuencas sí se solucionan los problemas de sus regantes. No estima adecuadamente los recursos renovables de nuestros acuíferos, “entierra” el PEAG, antepone los usos industriales del agua a los agrarios, no refleja la superficie real de regadío de la zona reconocida por la propia Confederación, y podríamos seguir entre muchos otros aspectos negativos.

Es esto último lo que por fin ha hecho reaccionar a los que están al frente de las comunidades de regantes.

De la aplicación del plan que se aprobó en 2013 se están ejecutando sus directrices. De esta forma se han iniciado ya los procesos de declaración de sobreexplotación de nueve masas de agua. Estamos ya fuera de plazo para constituir las juntas de usuarios de algunas de estas masas, y ha sido al enviar la Confederación los datos de regantes y superficies de riego para el proceso de elección de los órganos directivos, cuando ahora sí, se percatan de la verdadera dimensión del problema.

Por poner un ejemplo: el plan de cuenca vigente reconoce 11.378 hectáreas de riego en la masa Rus-Valdelobos, pero ahora la Confederación dice que tiene registradas 20.050 hectáreas. Estos regantes actualmente solo pueden utilizar 20,48 Hm3 de los 70,36 Hm3 que tienen reconocidos legalmente. Es decir, solo pueden utilizar de media 1.800 m3/ha, ahora como los recursos renovables para la Confederación siguen siendo los mismos, al tener que repartir entre casi el doble de hectáreas, la dotación media será próxima a los 1.000 m3/ha. ¡Ojo! No para todos. Porque todos no tienen la misma concesión.

A efectos prácticos, un regante que quiera sembrar cebollas, si tiene 6 hectáreas legales de riego, solo va a poder regar 1 y tendrá que dejar las otras 5 de secano. ¿Se entiende ahora porque UPA insiste en que este plan envía a nuestros regantes al secano?

Conseguir que finalmente se introduzca la prórroga del PEAG en el Plan de Cuenca es importante y necesario para buscar una solución definitiva a la regularización de los expedientes de agricultores profesionales, pero el problema que tenemos encima de la mesa es mucho más complejo.

Este plan hay que recurrirlo y no creo que se deban constituir con estas condiciones las Juntas de Usuarios de las Masas de Agua declaradas en mal estado. Recientemente alguna organización agraria y alguna presidenta de comunidad regantes han anunciado que van a recurrirlo. Yo les pediría un poco de sentido común, hay que ser consecuentes con las decisiones que se toman, evidentemente estará legitimado para recurrir, quien en el proceso de consulta ya dijo que esto era un “atraco”, el que en el proceso de consulta lo vio bien, lo va a tener más difícil tanto ética como legalmente para presentar el recurso.