Las silenciosas muertes africanas: la migración y las Canarias

Con un mundo ensombrecido por las noticias relativas a los hallazgos y las esperanzas de encontrar la mejor vacuna contra la pandemia de la COVID-19 y el ver si podremos cenar junto a nuestras familias en Nochebuena, la crisis migratoria en las Islas Canarias ha quedado relegada a un segundo plano. Hasta ahora.

La ONG Caminando Fronteras alertó hace escasos 10 días: «480 jóvenes senegaleses han perdido la vida en una semana tratando de llegar a las Islas Canarias». Cruz Roja apunta «que la Ruta Canarias tiene en estos momentos unas tasas de mortalidad de entre el 5 y el 8 por ciento. Si esos porcentajes se aplican a los 12.743 inmigrantes que han llegado hasta este viernes a las islas, el saldo potencial de muertos y desaparecidos oscila entre 640 y 1.020 personas» (LA VANGUARDIA, 2020). Las recientes muertes en la costa de Órzola, en el norte de Lanzarote, son otro ejemplo.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ya ha asumido como propio y como un «desafío» esta nueva crisis migratoria y ha reclamado la solidaridad de todos los Estados miembros de la Unión Europea (EFE CANARIAS, 2020).

La situación en la Unión Europea

Pero, ¿y qué pasa con Hungría y Polonia? Estos países, fuertemente marcados por la incipiente recuperación económica y el aperturismo gracias a su adhesión a la Unión Europea, se encuentran fuertemente señalados por sus misiles al Estado de Derecho.

De este modo, por ejemplo, Polonia aún cuenta con «zonas libres de personas homosexuales», ya señaladas como antidemocráticas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Qué cambia ahora? Que el pasado mes se aprobó un mecanismo que vincula los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. Estos dos países quieren vetar el presupuesto y, con ello, el reparto de los fondos de migración (o los anhelados fondos para la recuperación post-COVID19). Un auténtico rompecabezas.

Jaume Duch, director de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, apunta en EL ESPAÑOL (2020) que «La UE no es un cajero y no valen vetos, si quieres derechos debes cumplir con los deberes». Veremos qué pasa.

Tras las críticas suscitadas respecto a la antigua política de Migración Europea, que ya recogimos en nuestra publicación «La política migratoria de la UE» (EUROPE DIRECT CIUDAD REAL, 2019), la presidenta Von der Leyen lanzó hace escasos dos meses una nueva hoja de ruta que aboga por no obligar a los países de la Unión a acoger solicitantes de asilo. Así, se prioriza la protección de las fronteras y el retorno de quienes no lleguen por «vías legales». Así, solo aquellos con derecho a la protección internacional serán quienes sean protegidos por la Unión Europea en su integridad.

Aun así, cabe señalar que las competencias de la Unión Europea en materia de migración no son plenas, sino compartidas con los Estados miembros – principalmente, sobre las condiciones de acogida. La gestión depende completamente de los Estados.

En cuanto a los denominados migrantes económicos, el diario EL CONFIDENCIAL (2020)[5] afirma que «hasta el momento, se han deportado unas 300 personas de los 18.000 migrantes que han llegado a las islas en lo que va de año».

Los corredores humanitarios, para personas que necesitan huir de sus países por motivos de persecución, guerras, etc. pueden funcionar como solución, tal y como recoge ACNUR en su página web. Este programa ayuda a personas en situación de alto riesgo a encontrar una vía legal de reasentamiento en un país.

¿Cuál es la realidad?

La situación en el archipiélago preocupa. De hecho, cruzando datos con el MINISTERIO DEL INTERIOR (2020), más de 5000 personas llegaron a las islas durante el mes de octubre. Según la información de RTVE (2020), entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, han llegado a sus costas 16.760 migrantes y 553 embarcaciones irregulares.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria denunció vía Twitter el trato denigrante que sufren las personas en Canarias y reclamó una mayor acción del Ministerio del Interior- cabe aclarar que ante la denuncia presentada por la alcaldesa de la localidad de Mogán el juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana procedió al archivo de la misma, aclarando que las condiciones son «efectivamente deplorables», pero que no incurren en delito (RTVE, 2020).

Con ello, la ley establece que cuando los inmigrantes alcanzan España, se dispone de 72h para realizar la reseña policial, plazo muchas veces insuficiente. Con ello, se sucedería la apertura de un expediente de expulsión del país, excepto que la persona solicite y pueda ser beneficiaria de asilo internacional.

Con la resolución del asilo (y no antes) es cuando se podría expulsar a la persona del país. En caso de no estimarse la solicitud, se tramitaría un expediente sancionador donde se propone la expulsión y la persona entraría en un CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros), con un plazo máximo de 60 días de estancia. De aquí que hemos podido ver cómo se han ido empleando hoteles y establecimientos vacíos para alojarles.

Recordamos, asimismo, que el Tribunal Constitucional español acaba de avalar las conocidas como «devoluciones en caliente», para entradas individualizadas bajo control judicial y cumpliendo las garantías del Derecho Internacional.

Desde instancias internacionales, más allá de la Unión, se ha comprometido el apoyo por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a partir de enero.

La situación en el Sáhara, con la ruptura del alto el fuego por el Frente Polisario, y la situación diplomática entre España y Marruecos, dificultan las negociaciones entre ambos países. Además, la situación de la COVID-19 no hace sino complicar la realidad de estas personas inmigrantes y de las Canarias dado que, a la ya escasez de espacio, se adicionan las medidas sanitarias de distanciamiento social que impone la pandemia. Así, se evita que las personas procedentes de una embarcación se entremezclen con otras.

El Gobierno español, por lo pronto, parece reticente al traslado masivo de estas personas inmigrantes al resto de territorios de la península, lo cual aliviaría la presión sobre los centros canarios, por el «efecto llamada» que esto provocaría. Así, sostienen que podría servir como una puerta de entrada al continente y a la Unión. Actualmente, la península sí dispone de plazas de acogida para estos inmigrantes.

La realidad es que las Islas Canarias están ejerciendo de «jaula» de estas personas y que las islas constituyen uno de los principales territorios ultraperiféricos de la Unión. Tal y como afirma el diario NIUS (2020), Adalbert Jahnz, portavoz de Migración de la Comisión Europea, explicó que “no hay regulación europea alguna que impida a un Estado miembro mover inmigrantes o refugiados dentro de su territorio nacional”. Parece que lo que se persigue es que en los campamentos temporales donde se hacinan estas personas inmigrantes sirvan como dique de contención, al no haber «tierra» más allá de las islas.

El problema de las mafias

Muchos de estos migrantes económicos vienen a España con anhelos de prosperar, tras atravesar una situación económicamente mejorable en sus países de origen, bajo la falsa promesa de que «España y Europa son territorios con empleo para todo el mundo». Estas personas, frecuentemente, tal y como recoge COPE (2020) abonan a las organizaciones altas sumas de dinero para poder embarcarse en las travesías que les permitan alcanzar territorio europeo.

Muchas personas se dejan la vida en el intento. 

De esta forma, las redes de tráfico de personas no dejan de proliferar y, aunque se desarticulen algunas, como la responsable del traslado de “20 pateras por las que habría obtenido una suma de más de 350.000 euros” el año pasado, es insuficiente. España, por su parte, trata de contener esta llegada a través de la colaboración con los países de origen.  

Escenarios

Urge la mejora y el acondicionamiento de los lugares donde permanecen estas personas inmigrantes, a fin de garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad. Asimismo, la lucha contra las organizaciones que trafican con personas debe convertirse en una prioridad para el Ministerio del Interior.

Frente al discurso del odio y la xenofobia, ha de proliferar la documentación y la información a gran escala y hacia el público en general, a fin de evitar que la opinión pública se contamine de información incierta, imprecisa y falsa.

En resumen, hace falta una mayor implicación de los cargos públicos y los responsables políticos en la gestión de la crisis migratoria.