Soñadores y visionarios de las bibliotecas públicas en Castilla-La Mancha

Al hilo de la XIX Jornada de Gestión de la Información de SEDIC, celebrada hace unos días en la Biblioteca Nacional de Madrid, veo el importante camino que hemos seguido en Castilla-La Mancha. El título de la Jornada era muy sugestivo: “Regreso al futuro: Visionarios de Ayer, Hoy y Mañana”. En la presentación se habló de los grandes pasos que los archivos y las bibliotecas habían dado en las últimas décadas y de la influencia de grandes visionarios. También se citó a personas de épocas anteriores, como María Moliner, que soñó y diseñó un plan de bibliotecas para todo el país.

Desde Castilla-La Mancha, nuestro sueño fue la universalización del derecho de acceso a servicios bibliotecarios. Con una comunidad autónoma con dos millones de habitantes, mucha dispersión territorial, municipios muy pequeños y con una gran extensión, lo establecido por la legislación nacional dejaba a la mayoría de las localidades de la región sin servicios bibliotecarios.

La Ley de bases de régimen local establece la obligatoriedad de que los municipios de más de 5.000 habitantes tengan biblioteca; pero nada más. La biblioteca no se regula como servicio público obligatorio, ni hace alusión a cómo afrontar este servicio en los municipios más pequeños. En 2007 se perdió una gran oportunidad, cuando se debatió la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas: finalmente se suprimieron todas las mejoras que los distintos partidos y las asociaciones profesionales habían incorporado y la Ley no resolvió ninguno de los problemas históricos sobre este servicio público. Se limita a hacer definiciones y a hablar de cooperación, siempre voluntaria y no de coordinación, que es obligada.

En Castilla-La Mancha, especialmente en el período 1991-2005, el Gobierno regional, de la mano de un equipo técnico que constituía el Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas, enarboló la bandera de la democratización de las bibliotecas: las bibliotecas constituyen un derecho ciudadano, vivan donde vivan. Y se puso en marcha un plan basado en criterios de cofinanciación y corresponsabilidad, estableciéndose subvenciones para los municipios destinadas a la contratación o mejora de contrato de bibliotecarios, adquisición de colecciones bibliotecarias, informatización, actividades culturales e inversiones.

El resultado fue un gran desarrollo de servicios bibliotecarios, utilizando la Biblioteca de Castilla-La Mancha como espejo en el que se mirase la sociedad regional y los políticos de nuestros municipios; y se puso en marcha una red de unas 500 bibliotecas, en todos los municipios de más de 1.000 habitantes e incluso en otros de menor población. Además se impulsó el plan de bibliotecas móviles para atender a las pequeñas localidades que carecían de biblioteca pública. Con pocos recursos, Castilla-La Mancha, lideró ideológicamente, quiero decir, desde el punto de vista de cómo afrontar este servicio público, las políticas bibliotecarias en España y fuimos referente para otras regiones.

En suma, en Castilla-La Mancha fuimos pioneros y luchamos para que todos los municipios mayores de 1.000 habitantes dispusieran de biblioteca, e incluso los de menos población si los ayuntamientos estaban dispuestos a invertir en cultura en lugar de priorizar otro tipo de actuaciones (fiestas, tirar cohetes, corridas de toros....). Era la utopía de la universalización de los servicios bibliotecarios. Esta realidad impulsó en una nueva ley regional de bibliotecas, largamente anhelada, que establecía por fin esa obligatoriedad: se daba cuerpo legislativo a una realidad que se había creado. Las bibliotecas constituían una verdadera constelación de estrellas que iluminaban la cultura y el conocimiento en nuestra región.

La crisis económica, con la falta de liquidez presupuestaria, obligó ya desde 2010 a abandonar esa política de apoyo a las bibliotecas, justo en el momento en el que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban una Ley de Bibliotecas que es sin duda la más democrática y progresista de nuestro país. La Ley 3/2011, de la lectura y de las bibliotecas de Castilla-La Mancha, estableció el compromiso de financiar los servicios bibliotecarios de forma compartida desde la Junta, las diputaciones provinciales y el respectivo ayuntamiento.

Pero desde entonces, los ayuntamientos de nuestra región están solos ante el peligro: El Gobierno regional abandonó a las bibliotecas municipales a su suerte. La Junta, que lideró una política bibliotecaria que fue calificada como “motor de las bibliotecas españolas” por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ha incumplido las obligaciones de la Ley, no aportando presupuestos para las bibliotecas municipales ni desarrollando los preceptivos convenios.

Corremos el riesgo de que la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha se derrumbe como un castillo de naipes si no hay financiación regional. Las asociaciones profesionales han reclamado que los presupuestos del año 2018 contengan partidas por un total de cuatro millones de euros para asegurar una financiación que evite la parálisis de una Red de Bibliotecas que tiene como socios a un tercio de la población regional. Yo mismo vengo insistiendo en la necesidad de que al menos se presupuesten tres millones de euros para los programas de contratación de bibliotecarios, colecciones bibliotecarias, actividades de animación a la lectura y equipamientos.

La biblioteca pública es un servicio esencial en los municipios: me atrevo a decir que el más importante junto a los centros educativos y los centros sanitarios. Es la puerta democrática para el acceso a la cultura, la educación permanente y la información, y además tienen un fuerte compromiso social. Apenas se destinan a este servicio unos 12 euros por habitante y año por el conjunto de las Administraciones Públicas. Yo espero que los diputados regionales sean visionarios y defiendan a las bibliotecas con su apoyo en las Cortes.

Sería grande, y un ejemplo para todo el país, que los tres grupos políticos de nuestro parlamento acordasen una enmienda a los presupuestos que garantizase la actividad cotidiana de las cerca de 500 bibliotecas públicas y que los restantes pueblos de la comunidad pudieran beneficiarse de servicios de biblioteca móvil, que ahora no siempre es posible. El resultado sería una comunidad autónoma totalmente abierta a los servicios bibliotecarios: estas partidas serían las mejores para garantizar una sociedad más lectora y participativa y para influir poderosamente en la construcción de ciudadanos más libres, críticos, tolerantes y solidarios.

Sé que muchas son las necesidades de nuestra región. Pero, sinceramente, dedicar tres o cuatro millones de euros a unos centros que cada año recibe más de seis millones de visitas de usuarios, es poco dinero si se compara con otro muchos servicios: a las bibliotecas, al contrario que a los centros educativos o sanitarios, los ciudadanos van libremente. Las bibliotecas son el santuario de la libertad de expresión y la mejor opción para colaborar en una sociedad más justa y plural.