La Fundación Franz Weber ha anunciado va a solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la suspensión de los llamados “encierros camperos” después del último incidente en Cañete, en la provincia de Cuenca, donde el pasado fin de semana se escapó un toro hasta terminar en su recorrido a la N-420.
El vídeo, viralizado a través de redes sociales, “evidencia el riesgo que suponen estas convocatorias para el conjunto de la ciudadanía, que se suma a la falta de un interés público real, lo que determinaría su cancelación en futuras ediciones”, asegura la fundación.
Los naturalistas recuerdan que en 2024 se contabilizaron, al menos, tres víctimas mortales en encierros y otras tantas sufrieron lesiones de diversa consideración que requirieron traslados hospitalarios y la movilización de recursos públicos mientras que, lamentan, “la Junta de Comunidades sigue avalando estas convocatorias”.
Los naturalistas señalan que entre las víctimas del pasado año se encontraba una niña de tan solo 7 años de edad, herida durante un incidente en Pantoja (Toledo), también con la huida de uno de los toros del recorrido.
La ONG asegura que lleva “más de un año” alertando sobre las fugas y “la necesaria asunción de responsabilidad civil y penal de los ayuntamientos y del Ejecutivo autonómico, en tanto en cuanto, autorizan tanto las presuntas medidas de seguridad como los protocolos de actuación”.
Reclaman un decreto que prohiba el acceso y la participación de menores
El último suceso en Cañete tiene lugar, argumentan, mientras el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas realiza la revisión de España sobre la Convención sectorial, donde la Fundación Franz Weber ha señalado la continua presencia de niñas, niños y adolescentes en la tauromaquia con, precisamente, situaciones de peligro para su salud.
Esta entidad internacional considera que el Gobierno de Emiliano García-Page “debería tomar medidas inmediatas”. Entre dichas medidas sugieren la puesta en marcha de un decreto de prohibición de participación y acceso de menores, cuyo objetivo último es “la protección estricta” de estos grupos vulnerables.
Después, inciden en la necesidad de suspender cualquier encierro 'campero' o abierto, “donde se demuestra que existe una falta de seguridad palpable y se generan contextos de un alto riesgo para participantes y cualquier persona ajena, por ejemplo, un conductor de la N-420”.