Muchos pequeños pueblos no tienen secretarios: Castilla-La Mancha les apoyará con “oficinas de gestión”

El Estatuto del Pequeño Municipio en el que está trabajando el Gobierno de Castilla-La Mancha incluirá una normativa urbanística diferenciada para las zonas rurales. En concreto, va a incluir fórmulas para reforzar la capacidad administrativa de los pequeños ayuntamientos ante la problemática que se enfrentan por la falta de secretarios.

Así lo ha afirmado este viernes el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha añadido que se va a plantear, en colaboración con las diputaciones provinciales, establecer “oficinas de apoyo a la gestión de pequeños municipios” que permitan afrontar dificultades como la falta de medios técnicos y administrativos.

Esto se justifica, según palabras de Martínez Guijarro, porque la normativa urbanística de la región es “una legislación pensada para administrar las plusvalías que se generan con el urbanismo” una realidad muy distinta a la de los pequeños municipios.

Durante su participación en la inauguración del II Foro de Desarrollo Rural organizado por RECAMDER y que se ha desarrollado en el Parador de Sigüenza (Guadalajara), el vicepresidente primero ha recordado que la LOTAU – la normativa urbanísima de la región—“es una legislación pensada para administrar las plusvalías que se generan con el urbanismo, algo que no sucede en los pequeños municipios”.

Ley de medidas contra la despoblación

Todo esto forma parte de una política más amplia de lucha frente a la despoblación que Castilla-La Mancha lleva desarrollando desde hace años y que está dando resultados: las zonas catalogadas como despobladas cuentan hoy con 4.672 habitantes más que hace cinco años y han registrado un saldo migratorio positivo de 20.236 personas entre 2021 y 2024.

En este punto, ha recordado la importancia de garantizar los servicios públicos en las zonas rurales para frenar la pérdida demográfica y seguir atrayendo población a los pueblos de la región.

Y para ello, Martínez Guijarro ha reclamado que el futuro sistema de financiación autonómica tenga en cuenta “el coste efectivo de la prestación de los servicios en el conjunto del territorio”, porque la ciudadanía de los pequeños municipios tiene el mismo derecho a acceder a los servicios públicos “en igualdad de condiciones” que quienes viven en las ciudades.