Vox azuza la prioridad nacional en el acceso a la vivienda en pleno clamor social contra los desahucios

En Castilla-La Mancha, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, Vox tiene cuatro diputados autonómicos en la oposición. La aspiración del partido de extrema derecha es conseguir entrar en el Gobierno regional de la mano del PP de Paco Núñez, que ya ha dado por hecho en varias ocasiones que pactaría con los de Santiago Abascal con ese objetivo, al igual que en otras comunidades autónomas.

Para ello, Vox no deja de intentar colar en múltiples iniciativas algunas medidas que ya aplica donde gobierna, ya sea en los ayuntamientos y diputaciones de la región donde sí tiene representación, o a través de iniciativas parlamentarias.

Mientras a nivel estatal se ha convocado una huelga general y se multiplica el clamor social contra los desahucios, ahora quiere incorporar la polémica prioridad nacional en una de las leyes más importantes de la legislatura, la de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere aprobar por la vía de urgencia, precisamente cuando esta cuestión, entre otras, ha provocado el adelanto de las elecciones generales.

La normativa ya se tomó en consideración con los únicos votos a favor de los diputados socialistas y la abstención de los del PP y Vox. Desde entonces, el Ejecutivo castellanomanchego ha dicho que mantiene conversaciones con la oposición para intentar que la normativa se apruebe por unanimidad, algo que la otra bancada ha negado.

Mientras tanto, la Mesa de las Cortes regionales ya ha admitido a trámite las enmiendas de los tres grupos parlamentarios a la futura ley, una densa propuesta que aglutina numerosas medidas para la movilización de suelo, el impulso a la vivienda pública y protegida y la simplificación urbanística.

Las enmiendas donde Vox incorpora su polémico criterio

Es el trámite que Vox ha aprovechado para introducir, en su lote de medio centenar de enmiendas, el controvertido principio de prioridad nacional. Y lo hace en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”. La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años. Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

También hay enmiendas de Vox que se centran en otro de los debates que ha intentado colocar varias veces en el centro de las preocupaciones sociales, pese a que los datos lo desmontan: la ocupación ilegal de viviendas. Por ejemplo, pide que el Gobierno regional brinde asistencia y asesoramiento jurídico a los propietarios afectados.

Al margen de estas propuestas, llaman también la atención las enmiendas de Vox centradas en la protección de los propietarios y, al mismo tiempo, la exclusión de las entidades sociales y migrantes. Así, elimina la medida que permite emplear el depósito de fianzas de arrendamiento urbano como recurso económico para financiar el patrimonio público residencial, y pide prohibir expresamente la cesión de locales a entidades sociales para el acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados o migrantes en situación irregular.

El PP no entra en la cuestión ni define un modelo propio

Por su parte, el PP no entra en esta cuestión, pero ha registrado una treintena de enmiendas al articulado. Se da la circunstancia de que algunas partes de la futura norma son prácticamente iguales a la normativa de vivienda protegida de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

A principios de año, el presidente de este partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció que pondría en marcha un “gran plan” de vivienda si llegara a gobernar en la región. Según afirmó, se centraría en cuatro ejes: simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

Ahora, su lote de enmiendas la futura ley de Page se centra en la vivienda protegida y el parque público residencial. En primer lugar, un exige informe municipal previo, “preceptivo, motivado y vinculante” para la implantación de inmuebles dotacionales en parcelas de equipamientos. Si el informe es desfavorable, no se podrá realizar la actuación.

También propone que los deberes de cuidado del adjudicatario de vivienda pública abarquen el “mantenimiento ordinario”, sin eximir a la Administración de realizar las obras necesarias de habitabilidad, seguridad y accesibilidad; y establece que las adjudicaciones temporales se realicen por convocatoria pública ordinaria mediante criterios objetivos (ingresos, unidad familiar y necesidad), “restringiendo las adjudicaciones excepcionales a urgencias sociales acreditadas”.

De igual forma, otra de sus enmiendas modifica la norma para fijar que el depósito de fianzas de arrendamientos urbanos ante la Administración regional sea de “carácter voluntario” para los arrendadores.

El Grupo Parlamentario Popular también pide condicionar los incrementos de edificabilidad en vivienda protegida, una de las medidas estrella de la futura ley, a un estudio económico que contemple una “retribución empresarial razonable”. Pero después, en otra enmienda, permite elevar el incremento de edificabilidad al 25% y de densidad al 35% en parcelas de vivienda pública o protegida.

Además, entre sus propuestas, el PP incluye la prohibición de ocupar terrenos dotacionales sin haber puesto en servicio previamente una “dotación sustitutoria equivalente”; exige demostrar específicamente el “interés regional” en Proyectos de Singular Interés (PSI) para infraestructuras energéticas o de transportes; y supedita las reclasificaciones a un análisis de la demanda y a mantener la continuidad con el casco urbano para evitar la dispersión.

Los socialistas limitan las rentas máximas de alquiler en VPO

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista, impulsor de la proposición legislativa que conformará la nueva ley, también quiere introducir algunos cambios. Ha presentado 13 enmiendas, entre las que fija las condiciones financieras y de tenencia para viviendas protegidas cofinanciadas por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en suelo público.

Establece así, un régimen de protección permanente con un alquiler mínimo de 50 años desde la calificación definitiva; mientras que limita la renta máxima a ocho euros por metro cuadrado útil para promociones públicas directas y a nueve euros para proyectos de colaboración público-privada.

Los socialistas también aprovechan para reordenar la definición de los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU) que contempla la futura ley. Especifican así que tendrán por objeto la transformación de ámbitos de suelo urbano donde el uso mayoritario sea residencial y exista una proporción relevante de infravivienda o degradación por usos industriales incompatibles. De hecho, ajustan las fórmulas de gestión de estos planes, permitiendo su ejecución mediante libre concurrencia o Programas de Actuación Urbanizadora (PAU).

Otra de sus enmiendas amplía el régimen especial de vivienda a inmuebles y parcelas de otras administraciones públicas. Declara estas actuaciones como de interés autonómico y permite aplicarlas a parcelas de otras administraciones distintas de la Junta (previa conformidad del titular) por un periodo de cinco años prorrogables por periodos sucesivos de igual duración.

Finalmente, hay otras tres novedades significativas que introduce el PSOE. Incluye la definición de “intensidad residencial en parcela” como el número máximo de viviendas, calculándose como el resultado de dividir la superficie edificable residencial atribuida entre 100 metros cuadrados construidos por vivienda. Y en segundo lugar, permite la aplicación de esa “intensidad” sin que los municipios tengan que tramitar previamente una modificación de su planeamiento urbanístico.

Por último, establece determinaciones subsidiarias sobre alturas de las edificaciones: fija que, en defecto de regulación expresa en el planeamiento, las construcciones no podrán tener más de dos plantas ni superar los 8,5 metros de altura.

Todas estas enmiendas todavía tiene que votarse en las Cortes regionales antes de que la futura ley vuelva al pleno de las Cortes para su aprobación y promulgación definitiva, un proceso que coincidirá con la cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre, y precisamente cuando el debate político y social sobre la vivienda es determinante.