El fondo de recuperación europeo: la cuenta atrás para Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León en la conferencia de presidentes autonómicos.

Ángel Moraleda Torres, Presidente de la Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de Castilla y León (Adelcyl)

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El pasado viernes se celebró la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas que seguramente puede marcar el futuro de los diversos territorios de nuestro país. Fuimos espectadores de la ansiedad entre los diferentes presidentes autonómicos y no es sólo por los numerosos rebrotes de la COVID-19. Esta reunión ha supuesto el pistoletazo de salida en la aplicación de los nuevos fondos europeos, aunque lo deseable es que hubiera nacido un espíritu de colaboración para impulsar un cambio de modelo económico y social de nuestro país. 

El motivo de tal conferencia fue para que el presidente del Gobierno informara sobre el Acuerdo para la Reconstrucción de Europa alcanzado en la última reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Para entendernos, para hablar sobre cómo se va a utilizar el instrumento «Next Generation UE», los 140.000 millones que corresponden a España, y sobre el marco financiero plurianual (MFP) que también se acordó y que definirá las políticas presupuestarias para el periodo 2021-2027. 

Nuestro presidente autonómico acudió a la conferencia con la manida propuesta de que los fondos se destinen al reto demográfico y el ofrecimiento de Salamanca como próxima sede de la Conferencia de Presidentes. Lo mismo de siempre, en una comunidad donde, tras 33 años gobernando, el 87,3% de los municipios de Castilla y León siguen perdiendo población. Un gobierno autonómico que no duda en cargar la responsabilidad de nuestros problemas de despoblación y envejecimiento en el Gobierno de España y/o en la globalización a la vez que, allá por el año 2012, decidían liquidar los programas de desarrollo local. 

Ahora comienza el tiempo para establecer la estrategia y seleccionar los proyectos para destinar unos fondos que representan el 11,2% del PIB. Tal como indicó el presidente del Gobierno, “las CC.AA. participarán activamente en los dos Fondos reforzando la co- gobernanza” e incluso apuntó a que la sociedad civil podrá proponer proyectos. Desde el próximo 15 de octubre se podría enviar a Bruselas una propuesta previa desde Madrid. Cabe recordar que este fondo de 140.000 millones de euros es de carácter finalista. Por lo tanto, el Gobierno español puede destinar los fondos a las líneas marcadas por la Comisión, véase, transición ecológica y digital, y la resiliencia de las economías nacionales, pensando en la autonomía estratégica a nivel europeo. Además, hay un motivo por lo que son muy “golosos”, no requerirán cofinanciación nacional. 

No es momento de reivindicaciones o propuestas huecas, es la hora de las concreciones, de los proyectos bien pensados y diseñados. En Castilla y León, al menos, nos cogen con el pie cambiado. El pasado junio, firmaron los principales partidos el “Pacto por la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León”. A pesar de ser un documento de 18 páginas con vagas propuestas, muchas de ellas recuperadas de otros documentos, habría que destacar la creación de un Grupo de Expertos de la Sociedad de la Comunidad y la constitución de una Conferencia de la Sociedad de la Comunidad que, bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, redactaría una “propuesta de actuación de carácter técnico, en las materias que puedan resultar oportunas, como consecuencia del nuevo escenario que se abre ante la crisis COVID-19“. Un mes y medio después, nada se sabe y menos se espera. 

Más elaborado es el dictamen recientemente aprobado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados que sirve de hoja de ruta para salir fortalecidos social y económicamente de esta crisis sanitaria. Y un ejemplo de iniciativa y compromiso territorial promovido desde la sociedad civil es el “Pacto por la reconstrucción social y económica de la provincia de Teruel”. Conformado por más de 70 entidades de la sociedad civil, elaboró en menos de dos meses y en pleno estado de alarma, un completo documento de 338 páginas con propuestas concretas para la transformación económica y social de esa provincia. 

Hay que ponerse a trabajar rápido ya que partimos con bastante desventaja al no contar con un trabajo previo de diagnóstico e identificación de iniciativas. El resto de las comunidades autónomas que padecen la despoblación como nosotros, llevan trabajando varias décadas junto a los municipios articulando equipos técnicos estables realmente potentes para el diseño y gestión de estrategias de desarrollo local vinculadas al territorio. Además, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes que finalice este año, aprobará la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, se encuentra elaborando un Estatuto Básico de Pequeños Municipios e impulsando sinergias con la transición ecológica que favorezcan la conversión de los territorios rurales en lugares de inversión e innovación hacia la economía verde, las energías renovables, el turismo sostenible y la economía circular. 

Esta pandemia va a traer grandes cambios además de oportunidades y Castilla y León sigue padeciendo falta de liderazgo. Entiendo que el vicepresidente Igea puede ejercer ese papel protagonista si empezara a liderar la acción política de su Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ya que, no hay que olvidarlo, le competen las políticas relativas al reto demográfico. Es por ello que lo más urgente, en estos momentos, es convocar a administraciones públicas, entidades socioeconómicas y a la sociedad civil para participar conjuntamente en el diseño y selección de los proyectos de cara a ser financiados por el instrumento «Next Generation UE» y que permitan afrontar nuestros problemas económicos, sociales y territoriales. 

Y de lo urgente habrá que pasar a lo necesario. Es aquí donde se hace necesario ser ambiciosos y valientes y liderar desde la mencionada conserjería la creación, desde los municipios y mancomunidades, de una red de técnicos de desarrollo local con capacidad para diseñar estrategias territoriales de reconstrucción económica y social. Además, de cara al periodo de programación 2021-2027, esta consejería debería desempeñar un papel protagonista en la selección de los Grupos de Acción Local que gestionarán los fondos de desarrollo rural Leader los cuales estarían subordinados a las estrategias territoriales de desarrollo local. Todo ello, con el objeto de transformar nuestro modelo económico sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, el equilibrio territorial y el bien común.

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Publicado el
8 de agosto de 2020 - 11:07 h

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