El Gobierno de PP y Ciudadanos en Castilla y León, en tensión por la falta de acuerdo en las restricciones

El Gobierno de PP y Ciudadanos en Castilla y León está en tensión por la falta de acuerdo en las restricciones de la COVID-19. Mientras que el partido de Inés Arrimadas intenta salvar el sistema sanitario ante un más que posible rebrote de la pandemia en una tercera ola, el Partido Popular se resiste a asumir medidas que ponga en jaque la economía. Las fricciones comenzaron hace una semana, con un Consejo de Gobierno que se alargó más de lo esperado y en el que la piedra de toque fue el relajamiento de las medidas en las residencias de ancianos y la apertura de la hostelería en toda la Comunidad desde el puente de la Constitución.

La Consejería de Familia autorizó en ese Consejo las cenas con hasta dos familiares por residente. Eso supone que en Nochebuena y Nochevieja, en un comedor común se junten un número indeterminado de unidades familiares, mientras en ámbitos privados se recomienda que no sean más de dos. Desde Familia, motivan la decisión en la complicada situación de los ancianos de las residencias, que no siempre pueden comprender bien qué está pasando y además, argumentan que es un derecho que tienen, y que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya tumbó la medida de no permitir visitas. Como garantía, cuentan, está la exigencia de que los que vayan a cenar en las residencias con sus mayores presenten un documento de PCR negativa. Una garantía muy débil, ya que desde la propia Consejería de Sanidad se ha insistido siempre en que una PCR negativa no significa que se esté a salvo de desarrollar la enfermedad o de contagiarse días después de haberse realizado. El riesgo es evidente y las consecuencias, de nuevo podrían ser demoledoras. Castilla y León cuenta con más de 40.000 personas institucionalizadas. Entre marzo y abril, el golpe de la COVID-19 en las residencias se resolvió con un durísimo triaje: un protocolo indicaba que bajo ningún concepto se debía trasladar a los ancianos a los hospitales.

En la rueda de prensa de la pasada semana, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se mostró visiblemente molesto por la evolución de los datos, que indicaban ya que la caída de casos entraba en un valle y que se estaba ralentizando. “¿Cuántas cañas hay que tomar, cuántas chorradas hay que hacer para que se nos muera una persona?”, preguntaba una semana después de haberse acordado la apertura de la hostelería. En el Comité de Expertos tampoco se muestran favorables a este relajamiento de medidas, mucho menos ahora, con una cepa nueva del virus descubierta en Reino Unido, que, tal y como explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tiene “una velocidad de propagación un 70% mayor que la anterior”. Es decir, que tiene mayor contagiosidad.

La evolución de los datos en algunas provincias y municipios concretos como Palencia abrieron la posibilidad de volver a cerrar la hostelería. Pero, un día después, de que Casado lo mencionase, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que había tratado de llegar a una postura común con las comunidades limítrofes, daba una rueda de prensa en la que la única restricción que anunció fue la de eliminar a los “allegados” de las excepciones para sortear el cierre perimetral de Castilla y León.

Durante el pasado fin de semana, en una entrevista con Europa Press, Igea no sólo insistía en la necesidad de extremar las precauciones y de limitar al máximo los contactos sociales en fechas navideñas, también criticó abiertamente las tomas de posesión del arzobispo de Burgos y del obispo de León, en sendas catedrales con misas que reunieron a más de 200 personas. Reconocía que los aforos lo permitían, pero que es necesario el sentido común. En la última rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este jueves, tampoco se ha implantado ninguna restricción nueva. Los datos siguen marcando una meseta en el descenso de casos y se prevé un aumento de positivos tras las fiestas navideñas, una situación difícil de afrontar con unas UCIs llenas en los hospitales y estancias mínimas de 14 días de los enfermos críticos. Pero, a la vez que Castilla y León se mantiene en los mínimos acordados en el Consejo Interterritorial, con un máximo de 10 personas por casa a pesar de que se les permite reducir esos parámetros, se volvió a lanzar el mensaje implícito de que el desastre sanitario está cerca.

El desacuerdo entre PP y Cs no era difícil de prever: hace un mes Fernández Mañueco, aseguraba en una entrevista radiofónica que se trabajaba para “salvar la navidad”, algo contrario a lo afirmado por Igea, que descartaba que la estrategia tuviese que basarse en “salvar la navidad” sino en salvar vidas.