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Igea, partidario de disolver la Fundación Villalar, recuerda que forma parte del acuerdo de gobernabilidad con el PP

El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y el alcalde de Villalar, Luis Alonso.

EUROPA PRESS

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El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, de Ciudadanos, se ha mostrado partidario de disolver la Fundación Villalar, como ha planteado el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, también de la formación naranja, un asunto que se analizará el próximo lunes, 2 de diciembre, cuando se ha convocado al Patronato de este organismo.

Igea ha recordado que se trata de una postura del Acuerdo de Gobernabilidad suscrito entre las dos formaciones que contempla la reversión de las fundaciones “en la medida de lo posible” y, preguntado por la postura que adoptará el PP ha abogado por esperar a ver cómo avanza la comisión parlamentaria. “Veremos cuando la comisión parlamentaria avance en su trabajo qué decisiones se van adoptando”, ha sentenciado.

El vicepresidente y portavoz de la Junta ha defendido en todo momento que las competencias de la Fundación Villalar pueden ser asumidas por la Administración regional y ha asegurado a este respecto que esa transferencia no disminuye el compromiso “ni con la Comunidad, ni con la fiesta ni con el espíritu de la fiesta”.

“Si uno analiza lo realizado por la Fundación Villalar la conclusión es que sus funciones pueden ser asumidas por la Administración regional”, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde ha explicado que Ciudadanos se ha planteado la supresión de este tipo de fundaciones porque “eluden” el derecho administrativo que da unas garantías que, en su opinión, no dan estas entidades, como ha ocurrido, ha añadido, tanto en Castilla y León como en otras comunidades autónomas.

Igea ha abogado en concreto por mejorar el control y la transparencia del gasto del dinero público para hacer el uso “más juicioso, transparente y más verificable posible”. “Ese es el debate”, ha defendido el vicepresidente y portavoz de la Junta que ha reiterado que la administración ordinaria ofrece “mejores garantías de control” del dinero público.

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