El Pleno aprueba por unanimidad una moción del PP para que Valladolid reclame al Gobierno la devolución del pago del IVA

Todos a favor. El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado por unanimidad la moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno a que devuelva al Consistorio la cantidad que le corresponde por la devolución de la liquidación correspondiente de los ingresos del IVA del mes de noviembre de 2017. La encargada de presentar la moción ha sido la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, quien ha reiterado al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que sea tan reivindicativo con el Gobierno como lo es con la Junta de Castilla y León.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha anunciado que su grupo iba a votar favor de la moción popular, que consideraba “políticamente justa”, a pesar de que en algunos aspectos de la misma “carecía de cierto fundamento”. Herrero ha espetado a Del Olmo qué en su exposición no ha rebatido el argumento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró que no existía cobertura legal para el reintegro.

Del Olmo ha recordado que el roto en las cuentas, aunque se produjo por una decisión del anterior ministro de Hacienda en 2017, el popular Cristobal Montoro, no se produjo hasta dos años después, con la ministra María Jesús Montero. “Me da igual Montoro que Montero”, ha dicho para reclamar la necesidad de los Gobiernos de ser justos con los Ayuntamientos. “Yo pensé que la ministra, que ha sido consejera de Hacienda en Andalucía, tendría más sensibilidad”, ha rematado.

Desde Valladolid Toma la Palabra, los socios de Óscar Puente, la concejala María Sanchez ha aprovechado una de sus intervenciones para reclamar al PP de Valladolid que inste a la Junta de Castilla y León a que aporte más recursos para los servicios sociales, tal y como el Ayuntamiento viene reclamando desde hace unos meses. Según Sánchez, la aportación de la Junta en esta materia “tendría que llegar al 90% y no llega ni a la mitad. Ese también es dinero de la ciudadanía vallisoletana”.

Unanimidad para apoyar a las familias y cuidadores de enfermos psiquiátricos

El Pleno también ha aprobado por unanimidad la moción del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra para dar apoyo a los familiares y cuidadores de los enfermos psiquiátricos de Valladolid. La moción reclama al Ayuntamiento que pida una reunión con la Junta para estudiar “cómo incrementar la ayuda a las familias y personas cuidadoras de enfermos que padezcan un proceso psiquiátrico crónico para aliviar la carga, compartir más intensamente su vida y conseguir una mayor integración social”.

La iniciativa se ha aprobado con dos enmiendas: una del PP y otra de Vox. El edil del partido de Santiago Abascal en Valladolid, Javier García Bartolomé, que ha pedido que en ese apoyo se incluya también a los cuidadores de enfermos crónicos. La enmienda del PP, que ha defendido José Antonio De Santiago Juárez, isntaba a buscar junto a la Junta una mejora de la financiación de las asociaciones de familiares de personas de discapacidad.

De Santiago Juárez ha asegurado que aunque desde el PP estaban “totalmente a favor” de mejorar la integración de los pacientes y de aliviar las cargas familiares de sus cuidadores, planteaban una enmienda de sustitución para “enmarcar” mejor el asunto. El exportavoz de la Junta ha asegurado que no hacía falta una moción para solicitar una reunión con el gobierno autonómico. “Para eso llamo yo: ¿Es la Junta?”, ha bromeado. “Lo se sensato es que el equipo de gobierno realice las gestiones para llegar a un acuerdo con la Junta”.

Túnel de Andrómeda

El PP de Valladolid ha vuelto a la carga contra el equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP a cuenta del túnel de Andrómeda, la infraestructura que tiene que conectar dos zonas de la ciudad separadas por las vías del ferrocarril y que se ha retrasado durante varios meses. El edil Alberto Gutiérrez Alberca ha calificado la gestión de Puente de “vodevil y astracanada”.

El principal partido de la oposición ha aprovechado el periodo de ruegos y preguntas para cuestionar la legalidad de la solución adoptada entre Adif, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria para poder retomar las obras, que implica que esta subcontrate a otra compañía para que finalice las obras no es del todo clara: “pensamos que no se ajusta plenamente a la legalidad” ha sentenciado.