La juez ve el 1 de julio la petición de los cinco de Vox Valladolid contra su suspensión cautelar como militantes

El Juzgado de Primera Instancia 5 de Valladolid ha fijado para el próximo día 1 de julio la vista en la que decidirá si deja o no sin efecto la suspensión de militancia de cinco afiliados de Vox, los mismos que impugnaron las primarias que el partido celebró en julio de 2018 y que fueron expulsados, cautelarmente, con el pretexto de que habían aireado el caso a través de la prensa.

La vista será únicamente para resolver la pieza separada relativa a la suspensión de militancia, a la espera de que se sustancie el fondo de la demanda que el pasado día 10 de febrero los afectados presentaron para obtener la nulidad de las primarias celebradas en julio de 2018, de las que salió elegido el Comité Electoral Provincial, y la petición de una nueva celebración por entender que las mismas estuvieron amañadas al incurrirse en una evidente “infracción de los estatutos del partido”.

En este procedimiento de tutela civil de derechos fundamentales, los cinco críticos también pidieron a la juez la nulidad del expediente abierto contra ellos y la suspensión cautelar de sus derechos como afiliados, algo que, como así sostienen, no aparece recogido en los estatutos y sólo se aplica de modo excepcional en aquellos casos en los que los afectados se encuentran inmersos en un procedimiento penal por corrupción y únicamente cuando se dicta la apertura de juicio oral, algo que no se da en el presente.

La impugnación de las primarias obedece a que VOX, a cuyos responsables la juez pidió documentación acreditativa de que el proceso se había desarrollado legalmente, no pudo aportar el acta de la asamblea de afiliados, supuestamente celebrada el 26 de junio de 2018, de la que salió elegido el Comité Provincial, ni tampoco certificar que a la misma fueron convocados todos los afiliados de pleno derecho.

Elección “telemática y no presencial”

La justificación de VOX Valladolid fue entonces que no existía acta de la asamblea de afiliados porque la elección del comité fue “telemática” y “no presencial”, al tiempo que alegaba que el 23 de mayo de 2018 envió a los afiliados el acta de Convocatoria de Elecciones para el Comité Electoral Provincial, que se celebraron el 26 de junio del mismo año. “Este procedimiento se realizó con arreglo a los estatutos vigentes a la fecha”, añadía.

La máxima responsable de VOX salida de dicho proceso, Sofía Muñoz, dimitiría más tarde alegando haber sufrido asedio que le había ocasionado “inestabilidad emocional y problemas laborales”, lo que dio paso a la actual gestora que preside José Luis Uribe.

A raíz de la denuncia del supuesto 'pucherazo' en las primarias, el Comité Nacional de Garantías de VOX incoó expediente sancionador a los cinco afiliados de Valladolid con el pretexto de haber aireado lo ocurrido a los medios de comunicación.

Así se recogía en la comunicación que el partido liderado por Santiago Abascal remitió el pasado día 21 de enero a los cinco afectados en la que, amén de advertirles de que contra ellos se encuentra en curso un expediente sancionador, se les informaba también de la medida cautelar de suspensión de todos sus derechos como militantes.

De hecho, ya a primeros de enero los cinco críticos recibieron un SMS en el que la Dirección Nacional de Prensa de VOX advertía de que no estaban “autorizados para acudir a medios de comunicación al no ser portavoces oficiales del partido”, a modo de avanzadilla de lo que después se traduciría en la apertura del referido expediente sancionador.