Castilla y León desoye a la Justicia e intenta aprobar una Ley de Caza sin elaborar un informe sobre especies cinegéticas
El Libro Rojo de las Aves de España de 2004 de SEO/Birdlife, la Lista Roja de Especies Amenazadas de 2007 y 2015 elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, e informes realizados por distintos organismos o particulares para distintos propósitos. Esa es parte de la documentación que la Junta de Castilla y León publica junto al anteproyecto de la Ley de Caza, que a partir de ahora, en pleno periodo navideño y hasta el 17 de enero de 2020 se somete a información pública. El Gobierno autonómico desoye así a la Justicia, que consideró el pasado mes de marzo que los estudios utilizados por la Junta no eran “científicos objetivos” porque se nutrían de información “recopilada para otros fines”.
Este nuevo intento de la Junta de sacar adelante la Ley de Caza prevé blindar la actividad cinegética después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) suspendiera cautelarmente el decreto de caza y anulara la Orden Anual de Caza a principios de año. ¿Los motivos? Según la Sala, la Junta no tenía información suficiente como para determinar qué especies eran o no cinegéticas y los periodos hábiles para la caza puesto que el sistema de censo, seguimiento y estudio de tendencias estaba basado en información de Coge, Cazdata y Seo/Birdlife. Una situación que el gobierno autonómico recurrió ante el Tribunal Supremo y que todavía está pendiente de resolución. Tanto en la pasada legislatura como en esta, el es exjuez Juan Carlos Suárez Quiñones, quien está al frente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que ha recibido una decena de varapalos judiciales en los últimos años.
El Tribunal Superior de Justicia destacó “la necesidad de que la declaración de una especie como cinegética tenga una base científica suficiente” en la Orden y el Decreto y la importancia de conocer “en cuánto van a aumentar las especies, ni cuándo y de qué manera”, algo que se desconocía con la Orden y el Decreto porque se utilizaban datos de otras autonomías o del Estado. Algo que tampoco se calcula en el anteproyecto o el resto de documentos publicados, a pesar de que sí se hace pública y se pretende blindar la lista de especies venatorias.
Ahora, la Consejería de Fomento recurre al mismo tipo de estudios para elaborar el anteproyecto de la Ley de Caza. Con esta norma, aspira precisamente a blindar qué especies son cinegéticas y cuáles son los periodos hábiles para cazar. Sí que contempla, por otra parte, que este listado de 38 especies pueda ser modificado por decreto siempre que exista un informe del Consejo Regional de Medio Ambiente.
Las evaluaciones que utiliza la Junta pertenecen de nuevo a SEO/Birdlife y a Birdlife international, entre otras organizaciones. Los últimos estudios específicos sobre cada una de las especies venatorias pertenecen, en su mayoría, a 2015, como la Lista Roja de Especies Amenazadas, que aparece mencionada en el Anexo a la Memoria del Anteproyecto de Ley. Los informes rubricados por la Junta de Castilla y León son relativos a las buenas prácticas cinegéticas o el manual teórico del examen para obtener la licencia, entre otros. Los escasos planes de seguimiento realizados por la Junta (2016) o la Fundación Patrimonio Natural (2018) no tienen un acceso digital, como sí tienen el resto de informes.
Ejemplo de ello son la perdiz roja o la tórtola europea. En ambos casos, se utilizan informes de hace años que han sido elaboradas de forma genérica, a nivel estatal o incluso internacional. SEO Birdlife considera que ha habido una regresión en la especie, “si bien las repoblaciones continuas y masivas que se realizan con fines cinegéticos podrían enmascarar sus tendencias”, señala la ONG ambiental en el caso de la perdiz roja. A pesar de esta situación se cazaron 183.563 perdices rojas y 42.110 tórtolas, según los datos de capturas de 2017-2018 de la Junta de Castilla y León
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente defiende en declaraciones a eldiario.es: “La Junta maneja toda la información disponible, tanto propia como externa. Siempre se ha hablado de utilizar la mejor información disponible y esa es la que siempre se ha utilizado y también en esta ocasión”, asegura la cartera de Quiñones, que insiste en que la información se actualiza “de forma continua” por la Junta, otras Administraciones públicas o Asociaciones o grupos de expertos. Sin embargo, no responde si es obligatorio o no presentar esta documentación.
Armada con esta documentación de organizaciones ajenas a la Junta de Castilla y León, la Consejería redacta el anteproyecto. La norma prevé realizar, una vez aprobada la Ley, un seguimiento de las poblaciones: censos, estadísticas y estudios para tener información actualizada. Fomento plantea crear un sistema de seguimiento continuo con “la mejor información científica disponible” entre la que se encuentran los inventarios cinegéticos, los censos de la Consejería, los datos de capturas obtenidos de los cotos y reservas, los datos de los cotos y cuanta información “válida y contrastable disponible”.
Esta norma se elabora entre procedimientos judiciales. Después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia anulara la Orden y el Decreto, la Junta recurrió ante el Supremo. Poco después, las Cortes de Castilla y León legalizaron la caza con un veloz procedimiento (Ley 9/2019), conscientes de que se trataba de un “parche” que modificaba la ley para blindar las especies cinegéticas y los periodos y días hábiles para la caza. En junio de 2019, el Defensor del Pueblo interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda de recurso de inconstitucionalidad y el TSJCyL acordó en un auto elevar la cuestión de inconstitucionalidad.
“Estos antecedentes de litigiosidad en sede contencioso administrativa han contribuido de forma decisiva a la decisión de promover la elaboración y aprobación de una nueva norma de rango legal que permita poner fin a la inseguridad jurídica derivada de los procesos comentados”, explica la Consejería en la Memoria del anteproyecto.
En este documento, la Junta de Castilla y León justifica esta nueva ley por el impacto de las especies cinegéticas en los ecosistemas, la economía, la seguridad vial, la agricultura y la sanidad animal. Las referencias más recientes en esta memoria son de 2017, a pesar de que en algunos casos existen datos más actualizados. Por ejemplo, los accidentes con víctimas provocados por animales, un dato público de la Dirección General de Tráfico (DGT). La memoria menciona que en 2016 se registraron 427 accidentes con víctimas ocasionados por la fauna cinegética, ocasionando 4 muertos, 39 heridos hospitalizados y 515 heridos no hospitalizados en todo España. Un dato que está desactualizado, porque la DGT tiene publicados los datos de hasta 2018: 450 accidentes con víctimas ocasionados por la fauna apta para la caza, ocasionando 6 muertos, 27 heridos hospitalizados y 539 heridos no hospitalizados.
La Junta también hace hincapié en el impacto de la caza sobre la agricultura, y cita unos datos de la Entidad Estatal del Seguro Agrario (Agroseguro), que en 2016 indemnizó con 499.540 euros los daños a los cultivos. Una cifra superior calcula el gobierno autonómico debido a que muchos agricultores no cuentan con un seguro. “Parece razonable hacer uso de políticas preventivas y paliativas conducentes a evitar el incremento poblacional de determinadas especies que, por su marcado herbivorismo, ocasionan daños recurrentes a los cultivos agrícolas”.
Un nuevo órgano asesor
El anteproyecto de la Ley de Caza, al que se pueden presentar alegaciones, también contempla la creación de una Comisión Científica de la Caza -cuyos miembros podrán cobrar por su trabajo- que deberá asesora a la consejería “al menos en la elaboración de la Estrategia Regional de la Caza y demás instrumentos de planificación cinegética”. Esta Comisión estará formada, si este artículo se mantiene en el futuro, por personas “de acreditada solvencia técnica o científica, y con reconocida experiencia” en la gestión de la caza o en las especies.
