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CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León modifica la Ley de Caza para sortear a la Justicia y revertir la suspensión de la actividad

PP, PSOE y Ciudadanos se alían para cambiar la ley después de dos autos judiciales que mantenían paralizada la caza en Castilla y León

Los grupos se emplazan a la próxima legislatura para crear un nuevo marco legal que "blinde" esta actividad

Podemos se abstiene e Izquierda Unida advierte de que esta modificación no contempla tampoco el censo completo de especies 

Manifestación a favor de la caza ante la sede de las Cortes de Castilla y León en Valladolid

Manifestación a favor de la caza ante la sede de las Cortes de Castilla y León en Valladolid

La Ley de Caza de Castilla y León, anulada hasta en ocho ocasiones por los tribunales de Justicia, ya tiene en vigor la modificación necesaria para poder continuar con la actividad, suspendida de forma cautelar, al incluir un anexo con un censo de especies cinegéticas. Varias denuncias de organizaciones ecologistas llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a emitir dos autos en las últimas semanas, uno contra el Reglamento y otro contra la Orden de Caza, por carecer de ese informe de especies, por lo que la caza se llegó a paralizar en la Comunidad. 

Los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos han presentado este miércoles en el pleno la toma en consideración de la Proposición de Ley que modifica la legislación vigente, de 1996, para evitar la suspensión cautelar de la actividad cinegética en Castilla y León. Una unidad de partidos para tratar de evitar los perjuicios económicos, medioambientales, de salud pública y de seguridad vial que conlleva la caza. 

En Castilla y León, la caza genera 500 millones de euros, un 13% del Producto Interior Bruto asociado a las actividades agroganaderas o, lo que es lo mismo, el 0,3% del PIB autonómico. Además, de este sector dependen 8.000 puestos de trabajo. La Federación de Caza en la Comunidad es la que más licencias tiene en la Comunidad, sólo por detrás del fútbol y del baloncesto. Con estos argumentos, PP, PSOE y Ciudadanos se han dado la mano a la hora de impulsar esa modificación de la ley, con la abstención de Podemos y el voto en contra del único procurador de Izquierda Unida en la Cortes de Castilla y León, José Sarrión. 

"¡Viva la caza! ¡Viva la libertad!"

El presidente del Partido Popular en la Comunidad y procurador autonómico por Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, que ha reconocido que ni es cazador ni le gusta la caza, ha pedido "respeto" para la actividad cinegética, regulada en Castilla y León desde hace 22 años mediante un modelo, según Mañueco, que ha "exportado" esta Comunidad a otros puntos. Refiriéndose al procurador de Izquierda Unida, el popuplar ha criticado el "riesgo" que las organizaciones ecologistas han provocado con sus denuncias "al mundo rural". "Demasiada ideología", ha señalado Mañueco, que ha apostado por "blindar por ley la caza". "¡Viva la caza, viva la libertad", ha exclamado al final de su intervención. 

Desde el Partido Socialista, José Luis Aceves, se ha mostrado partidario de que la caza "siga desarrollándose" por esas cuestiones de carácter económico, de control medioambiental, de salud pública por el control de plagas mediante la caza, y de seguridad vial. No obstante, ha indicado que los autos emitidos por el Tribunal Superior de Justicia "sacan los colores a la gestión del PP", partido al que ha instado a elaborar, de cara a la próxima legislatura, un nuev marco legal. "Somos los garantes del acuerdo y Castilla y León necesita una nueva Ley de Caza", ha afirmado. 

Ciudadanos, por su parte, ha mantenido el mismo discurso, basado en la importancia de la caza para el medio rural. "Si eliminamos la caza, eliminamos la esencia de Castilla y León y de los pueblos", ha afirmado José Ignacio Delgado, que también considera necesaria una nueva ley para evitar superpoblaciones de algunas especies, como el corzo, el jabalí o el lobo. "Algo estamos haciendo mal". 

"Un parche"

Podemos cree que esta modificación de la ley es "un parche" y ha criticado la gestión de la Consejería de Fomento y medio Ambiente, pero también del PSOE y de Ciudadanos a la hora de presentar de forma conjunta esta modificación de la ley con el partido que gobierna. No obstante, Félix Díez, para que "la caza no esté suspendida sine die", ha anunciado que su grupo se abstendría, a la espera de elaborar esa nueva ley, la próxima legislatura, para un "modelo de caza social, con un nuevo marco regulatorio y que tenga en cuenta las necesidades". 

La crítica más dura ha llegado a través del procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, que ha asegurado que esta modificación de la ley no facilita la regulación de la actividad e incluye especies cinegéticas que no permite la ley, aludiendo a directrices de ámbito europeo, y que incurre en los mismos errores en los que se argumentaron los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. "Debe haber estudios o censos y debe especificar si son especies que no decrecen como el conejo, el jabalí o el lobo, pero no hay no un sólo estudio de aves", ha aseverado Sarrión. 

Ante las críticas del Partido Popular, que ha calificado de "minoría" a los ecologistas que han denunciado la situación de la caza en la Comunidad, Sarrión ha recordado que las leyes "no las han tumbado los ecologistas, lo tumban los tribunales de justicia" por carecer de ese censo de especies. Además, ha reprochado a los tres grupos políticos que han apoyado esta modificación que hayan articulado este decreto para "que nadie lo pueda judicializar" y, además, ha denunciado que se ha llevado a cabo "sin posibilidad de que la sociedad participe" y sin tutela judicial efectiva. 

Concentración 

A la puerta de las Cortes de Castilla y León donde se ha debatido esta modificación de la ley se ha concentrado un grupo de personas, respondiendo al llamamiento de la Federación de Caza para respaldar esta medida finalmente aprobada. Se ha registrado algún momento de tensión cuando han coincidido allí con otra protesta, en este caso empleados públicos, convocados por UGT, para demandar la jornada laboral de las 35 horas. La Policía Nacional ha tenido que intervenir para separar a los dos grupos de manifestantes que pugnaban por ocupar el mejor lugar a la entrada del edificio del parlamento. 

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