El arquitecto municipal que fue condenado en el caso PGOU, Luis Álvarez Aller, ha sido nombrado nuevo director de Espacio Público e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Valladolid, tal y como ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia. El nuevo puesto tiene un complemento específico de más de 32.000 euros anuales. A Álvarez Aller se le impuso una pena de un año y tres meses de cárcel, inhabilitación por idéntico periodo y multa de 1.350 euros por un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con varios delitos de prevaricación urbanística, en la causa que se abrió por la alteración del planeamiento urbanístico de la ciudad, del que se beneficiaron constructores y empresarios.
El antecesor de Álvarez Aller, Francisco Javier Pérez, cesó en su cargo “a petición propia” a finales de julio de 2024. Pérez había firmado un informe que alertaba de la grave situación en la que estaba el Arco de Ladrillo, con importantes deficiencias en su estructura. El convenio de integración ferroviaria preveía su demolición, pero el Ayuntamiento se negó y decidió acometer obras que duraron 11 meses y que no han solucionado los problemas. El viaducto evacúa a chorro el agua de las lluvias que se filtran al interior, y se han tenido que hacer perforaciones en las vigas para evitar que el agua se acumule en su interior.
La inhabilitación de Álvarez Aller acabó al final del mandato de Óscar Puente, y se incorporó como funcionario. Sin embargo, con el nuevo equipo de Gobierno, se le ha dado un nuevo puesto de responsabilidad en el Área de Urbanismo.
Álvarez Aller, negó en el juicio cualquier tipo de relación con los empresarios y sus compañías presuntamente beneficiadas por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana e insistió en que siguió las instrucciones de la asesoría jurídica cuando recomendó eliminar algunos artículos del PGOU. Cuando llegué al área de Urbanismo, la complejidad era tal que no entendía absolutamente nada. No analicé el contenido de cada uno de los informes técnicos, escapaba a mi conocimiento“. declaró.
El caso PGOU se instruyó durante más de diez años en los que se investigó y probó la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en 2004 en favor de determinados promotores urbanísticos. La modificación del plan se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento, pero cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, había más de 80 artículos manipulados.
Aunque el juicio arrancó con 14 acusados, finalmente sólo se juzgó a cuatro, por prescripción de delitos para 10 acusados, todos ellos constructores y promotores beneficiados por la alteración del documento. Los hechos se denunciaron en 2008. El entonces alcalde, Javier León de la Riva, aseguró que se trataba de “errores informáticos”. Gracias al cambiazo las edificabilidades se multiplicaban hasta por 14 y los suelos cambiaban de calificación, entre otras consecuencias.