El consejero de Medio Ambiente elude su responsabilidad en el contrato “sin IVA” y culpa a la adjudicataria

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha eludido su responsabilidad en la adjudicación de un contrato de comunicación del operativo de incendios que se licitó con IVA y se formalizó exento del impuesto y que finalmente se ha tenido que anular.

Suárez-Quiñones comparecía para defender el proyecto de presupuestos para su consejería cuando el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha preguntado por el contrato, y el consejero ha respondido visiblemente molesto. “El tema del IVA y el tema del contrato...mira que dan ustedes guerra por un tema absolutamente técnico. Usted que es jurista también ¿usted que cree, que la ley del IVA no excluye determinadas actividades del IVA?”, ha argumentado. Lo que el consejero no ha explicado es que todos los contratos de servicios llevan aparejado un 21% de IVA, y que por tanto no era una actividad que quedase excluida. De hecho, la licitación contemplaba, como no puede ser de otro modo, el impuesto.

“Por tanto, punto uno, no todas las prestaciones de servicio o las actuaciones de un contrato llevan IVA y la oferta en las licitaciones es sin IVA, el IVA va aparte, el IVA no tiene nada que ver. Alguien licita una obra y licita por el importe, el IVA es otra cosa. Si una persona hace una oferta sin IVA, quien tiene que saber su relación subjetiva tributaria no es la Junta es el ofertante ¿que dice que tiene una actividad sin IVA? problema de él”, se ha defendido. Suárez-Quiñones no ha explicado por qué no se motivó y demostró que era una actividad exenta de IVA y por qué meses después, cuando elDiario.es publicó la adjudicación del contrato de 104.000 euros “sin IVA” a la pareja de un funcionario de la consejería, se intentó facturar con IVA.

“Entonces, es precisamente cuando intenta facturar con IVA, pues decimos ”no“, y cuando finalmente por los incumplimientos y la imposibilidad a la que se somete el adjudicatario, según usted amiga de la Junta porque...pues fíjate, vaya una amiga ¿eh? es cuando al final se resuelve por incumplimiento culpable cumpliendo con todos los informes de Intervención, los jurídicos y llevando la propuesta al Consejo Consultivo, que ha dicho que sí, que es correcto”, ha continuado. En este punto el consejero ha vuelto a omitir información relevante y ha maquillado el informe del Consultivo. En su dictamen, el Consejo Consultivo refleja que el IVA se licitó pero que sin embargo despareció porque así se negoció. Lo dice textualmente así: “Y si bien el órgano de contratación sí apreció la sujeción del contrato al impuesto y así se tramitó el expediente, tanto la adjudicación del contrato como su formalización se efectuaron con la exclusión del IVA, consecuencia de las declaraciones manifestadas por la licitadora en su primera y segunda oferta, fruto de la fase de negociación”.

Pero hay más, y es que la licitadora cedió el contrato a su propia SL y quiso facturar el IVA pero sumándolo, y no detrayéndolo del precio del contrato, algo que el consejero consideró correcto, ya que dictó una orden para aumentar el precio de contrato. Y el dictamen lo cuenta así: “Ante esta situación, se consideró necesario modificar el contrato para incrementar el importe correspondiente al IVA de los trabajos que deba realizar la mercantil, entendiendo que concurría el supuesto de modificaciones no sustanciales, del artículo 205.2.b) de la LCSP, y, por Orden del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de 11 de mayo de 2023, se autoriza el inicio de la modificación del contrato, por importe de 14.177,98 euros, correspondiente al IVA de las facturas que pudiera emitir a partir de la fecha efectiva de la cesión del contrato”.

Lo que ocurrió, y también se hace constar en el dictamen, es que la Intervención Delegada de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio formuló reparo al expediente de modificación, puesto que el artículo 205.2.b) de la LCSP establece la posibilidad de modificaciones de contratos no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares “cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato”, causa que no concurría en la propuesta de modificación planteada. Pero es que además añadió que “la consulta de la Dirección General de Tributos nº V3587-13, en relación a la aplicación del IVA, concluye que ”cuando deban rectificarse las cuotas repercutidas debido a una incorrecta determinación del tipo impositivo aplicado, deberá considerarse que la oferta realizada por el contratista incluía el Impuesto al tipo correcto, por lo cual, para la rectificación de la cuota incorrectamente repercutida, deberá entenderse que la base imponible será el precio de la contrata, es decir, el de adjudicación menos la cuota del Impuesto calculada al tipo aplicable, de manera que el precio global de adjudicación permanecerá inalterado“.

“La Intervención Delegada de la Consejería se pronunció sobre la imposibilidad de modificar el contrato, a pesar de que la orden del Consejero había autorizado el inicio de su modificación, añadiendo el IVA de las facturas desde la cesión del contrato a la cesionaria”, dice el dictamen. 

El consejero no sólo no ha contado que tuvo que retirar una orden que beneficiaba a la adjudicataria y que contravenía la ley, sino que ha intentado denostar la información publicada por elDiario.es y que ha sido elaborada y contrastada con toda la documentación solicitada a través del Portal de Transparencia. “Ustedes sigan por ese camino, sigan con esa información que ha salido donde sale y siga sin conocer de lo que habla, pero el camino es muy corto porque la norma es la norma y las cosas están hechas como tienen que estar”, ha recriminado.

Posteriormente el exvicepresidente de la Junta y procurador Francisco Igea, ha tirado del informe del Consultivo para preguntar al consejero, pero el presidente de la comisión se lo ha impedido porque según él “hay que hacer preguntas escuetas y no un análisis”.