Todos los Grupos parlamentarios de las Cortes votan a favor de las ayudas al pago de hipotecas

Todos los grupos con representación en las Cortes han respaldado el Decreto presentado por la Junta de Castilla y León a través del que se amplía el umbral mínimo para optar a las ayudas para el pago de hipotecas para llegar a las rentas medias, por lo que el umbral se fija, tras esta convalidación, a ingresos de cuatro veces el Iprem.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha defendido ante la Cámara esta iniciativa que ha sido respaldada por todos los grupos para beneficiar a los más perjudicados por la subida de tipos de interés derivado del incremento del Euribor, principal indicador en el que se basan las hipotecas, y del aumento de los precios del consumo y la energía.

Con este Decreto, como ha explicado Blanco Llamas, se amplia la población susceptible de recibir ayudas a todas aquellas que estén en riesgo de impago o impago de la hipoteca, lo que supondrá duplicar la dotación, que pasará de 2,5 millones de euros a seis millones de euros.

Todos los grupos respaldaron esta iniciativa, así, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se alegró de que se debatiera en el Parlamento “algo que importa a los ciudadanos”. No obstante, ha aprovechado su intervención para asegurar que este Decreto “se queda corto”, ya que, a su juicio, serían necesarias medidas enfocadas a la reducción de cuotas.

Por su parte, el procurador de Vox, Miguel Suárez Arca, ha defendido la iniciativa y ha resaltado la defensa de su partido de las “familias” que, a su juicio, se ha plasmado en la manifestación que tuvo lugar el domingo, mientras que “los sindicatos parásitos se manifiestan por el dinero”.

La procuradora socialista Nuria Rubio ha respaldado el Decreto y ha garantizado que el PSOE siempre apoyará todo aquello que beneficie a los ciudadanos. No obstante, ha defendido que sería más interesante que se dedicara lo que dejan de ingresar por la anulación del impuesto de sucesiones y donaciones a ayudar a las familias.

Para cerrar el debate en torno a este Decreto, el procurador del PP Miguel Ángel García Niego ha insistido en que este tipo de medidas obedecen a la necesidad de paliar la “grave” situación económica por la que atraviesan las familias, algo que se agrava con el incremento de Euribor que, en muchos casos, hacen que el pago de la cuota de la hipoteca “sea inasumible”.

El decreto

Conforme al texto normativo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ampliará el umbral de renta hasta cuatro veces el IPREM, más un porcentaje en función de los miembros de la familia. Por ejemplo, para una familia con cuatro miembros, el umbral de renta pasará de los 13.780 euros actuales a 35.262 euros anuales. Además, se incrementará el 16% la cuantía máxima de esta prestación, hasta los 4.053 euros por año.

El acceso a la prestación será “ágil y sencillo”, como ha defendido Blanco Llamas, ya que se gestionará a través del teléfono de la Junta para Atención al ciudadano, 012, que pondrá en contacto a cada persona con una de las 30 oficinas de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que tiene desplegada el Gobierno autonómico por toda la Comunidad en colaboración con las entidades locales. En la tramitación de la ayuda participarán los CEAS y la resolución se dictará en el plazo máximo de un mes.

Entre los requisitos de acceso a esta prestación, se encuentran que la persona titular de la vivienda esté empadronada en algún municipio de Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad al momento de la fecha del inicio del correspondiente procedimiento; y que, según informe técnico, se encuentre en situación de riesgo de impago o situación de impago de cuotas del préstamo hipotecario de su vivienda habitual, siempre que ello no sea imputable a la actuación voluntaria de la persona obligada a su pago.

Por otra parte, con la prestación se podrán atender los siguientes gastos específicos: pago de la cuota hipotecaria; gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario o de resolución de éste en los casos de dación en pago, tales como tasación, notaría, gestoría y registro; cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o suponga riesgo inminente de inicio de ejecución hipotecaria; levantamiento de embargos de pequeña cuantía, y finalmente gastos extraordinarios para mudanza y alquiler.