Las Cortes de Castilla y León suman la opacidad en cuentas y sueldos a las broncas en el hemiciclo

¿A dónde va el dinero que da las Cortes a su Fundación Castilla y León? ¿En qué medios y cuánto invierte en publicidad institucional? ¿Qué parlamentarios sin dedicación exclusiva suman a su sueldo como funcionarios o en la empresa privada, las dietas e indemnizaciones que perciben del Parlamento por asistencia a plenos y comisiones? El Parlamento de Castilla y León, presidido por Vox, suma a los insultos y a la tensión permanente en el hemiciclo la opacidad en sus cuentas.

El último episodio de falta de transparencia se conoció hace escasos días: el pasado verano la Mesa de las Cortes –integrada por Vox, PP y PSOE– acordó, tras una propuesta e informe del Letrado Mayor, que desde ese momento se publicasen solo bajo iniciales las dietas por asistencia a plenos y comisiones y el kilometraje que perciben los parlamentarios sin dedicación exclusiva. El motivo que se argumentó es el presunto incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

El sobresueldo que perciben estos procuradores y no se declara como tal, no es calderilla y en la mayoría de los casos supera ampliamente el salario mínimo interprofesional de 15.120 euros anuales. Esa cantidad se suma al salario que perciben en sus trabajos como funcionarios o en la empresa privada. Desde el Grupo Parlamentario Vox aclaran que ninguno de sus ocho procuradores sin dedicación exclusiva compatibilizan su actividad.

En los datos del primer semestre de 2023 que se publicó en agosto se pagó a procuradores sin dedicación exclusiva 565.450 euros en indemnizaciones por asistencia y 137.299 euros en kilometraje, lo que hacen un total de 702.749 euros. Saber quién cobra qué no es fácil: hay que tirar de esas iniciales que aparecen junto a los pagos y del listado de procuradores, y partir de que el primero arranca con las iniciales de los dos apellidos, a veces compuestos, y nombre, que también puede ser compuesto, y el segundo se organiza con nombre más dos apellidos.

Cotejando ambos listados se puede ver que el procurador que cobra más indemnizaciones por asistencia es Ramiro Ruiz Medrano (PP), con 14.480 euros, pero que, sin embargo, no pasa kilometraje porque reside en Valladolid. El que más ha cobrado por kilometraje es el procurador berciano de Unión del Pueblo Leonés José Ramón García Fernández, profesor de enseñanza secundaria, que percibió por este concepto 6.224,40 euros, y unas indemnizaciones por asistencia que tampoco están entre las más bajas: 12.540 euros. Pero quien más suma con los dos conceptos es el socialista leonés Javier Campos de la Fuente, también profesor de enseñanza secundaria, que ingresó de su actividad como procurador en los primeros seis meses de 2023 un total de 19.908 euros al sumar 13.860 euros de asistencias y 6.048 de kilometraje.

Las explicaciones que han dado en rueda de prensa los grupos parlamentarios con cargos en la Mesa de las Cortes no han sido especialmente atinadas, o al menos no todo lo precisas que debieran. El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Carlos Menéndez, aseguró el pasado martes que se trataba de un acuerdo que se había remitido a los miembros de la mesa y que Vox desconocía como grupo parlamentario. O lo que es lo mismo, que los dos representantes que tiene en la Mesa, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán y la secretaria tercera, Fátima Pinacho, no les habían informado en su momento. Menéndez dijo que se habían enterado por la prensa y que una vez que se conozcan los motivos, su grupo estudiará la posibilidad de presentar por escrito una solicitud para que se vuelva al sistema anterior.

El PSOE acepta que la razón sea un supuesto incumplimiento de la Ley de Protección de Datos

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, se excusó en que el cambio de criterio es una decisión del letrado de las Cortes y que no se votó. Gómez Urbán no dijo que el PSOE se opusiera o pidiese más explicaciones sobre un supuesto incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. De hecho, manifestó que el PSOE “no tiene ningún problema en que consten todos y cada uno de los euros que ganan como parlamentarios” y recordó que en la página web del Partido Socialista de Castilla y León “aparece detallado cuál es la percepción y desde el primero hasta el último céntimo” que ganan. De esta forma dejó claro que el PSOE aceptó sin protesta la decisión del letrado que en la práctica es contraria al criterio que usa: o bien no existe incumplimiento de la Ley de Protección de Datos y las Cortes está ocultando algo que debería ser público y accesible, o bien el PSOE se salta esa ley en su web.

Menos claro fue el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, que, además de calificar la situación de “anecdótica”, aclaró que había trasladado su “valoración personal a quien debe de hacerse” y que los miembros de la Mesa no tienen por qué informar de las decisiones que toma a la Junta de Portavoces, o lo que es lo mismo: el Partido Popular también desconocía el cambio.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han precisado que no existen cambios en la Ley Orgánica de Protección de Datos que avalen el cambio de criterio de las Cortes y que la Ley de Transparencia obliga a detallar esos pagos que se hacen con dinero público.

Sin datos actualizados de publicidad institucional y de la Fundación de Castilla y León

Pero la opacidad no afecta sólo a la información sobre el dinero público con el que se compensa a los procuradores sin dedicación exclusiva, también al dinero que se destina a la publicidad institucional. Desde 2019 en la web de las Cortes se publicaba trimestralmente la relación de medios y las cantidades por las que se les había contratado. La última actualización de los datos se ha producido en diciembre de 2023, si bien los datos citados como “tercer trimestre de 2023” solo abarcan hasta el mes julio.

Según esa publicación, el Parlamento de Castilla y León no ha hecho publicidad en medios en todo el año –algo que contrasta con la inversión de 692.296,83 euros en 2022– y ha eliminado los contratos de las agencias de noticias Efe y Europa Press y mantiene sólo el de la Agencia Ical, de la que ha obtenido una rebaja de 897 euros por mes y pasa de pagar 3397,01 euros a 2.500.

Más oscuro es el uso del dinero público en la Fundación de Castilla y León, antes Fundación Villalar, dependiente de las Cortes, un “chiringuito” que partidos como Ciudadanos y Vox quisieron eliminar, pero que sigue recibiendo dinero del Parlamento. Las cuentas de esta fundación, financiada fundamentalmente por las Cortes desde su creación con cantidades que siempre rondan el millón de euros, no se publican en su Portal de Transparencia desde 2021, año en que recibieron dos subvenciones para financiar su actividad: 1,1 millón de las Cortes y 22.000 euros de la Junta de Castilla y León (página 22, apartado 13.1b). Sin embargo, la cifra no coincide con la que publica las Cortes, 993.485 euros.

Tampoco se han publicado los contratos menores efectuados durante ese año y los anteriores y nada se sabe de la actividad económica en 2022. Ni en la web de las Cortes ni en la de la propia fundación aparecen las subvenciones concedidas ese año. Sí se puede saber, a través de la web de las Cortes, que en 2023 se han concedido 750.000 euros a esta entidad, aunque la fundación ni siquiera ha publicado su Plan de Actuaciones. Desde las Cortes admiten que “están pendientes de subir 2022 y 2023 porque aún no están aprobadas las cuentas anuales” y hasta que eso no ocurre, “no se suben” a la web. “Hay un retraso administrativo importante”, reconocen. El patronato de la fundación está presidido por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y forman parte de él partidos políticos y agentes sociales.