La Junta de Castilla y León advirtió al Instituto de la Lengua que las facturas de Santonja por contratarse a sí mismo no eran legales

El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (Vox) se contrató a sí mismo como “director científico” para poder compatibilizar su trabajo en la Universidad Complutense con el de director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y recibir un sueldo, tal y como publicó elDiario.es en 2022. Aunque la Junta trató de normalizar lo ocurrido y el propio Santonja, ya nombrado consejero en el gobierno de Mañueco defendió la “legalidad y moralidad” de su contrato, un documento del gobierno autonómico al que ha tenido acceso este diario pone en duda que fuese legal o moral.

El documento tiene fecha de 16 de febrero de 2022, tres días después de las elecciones autonómicas tras la ruptura del pacto con Ciudadanos y antes de que Santonja fuese nombrado consejero tras una salida forzada del Instituto de la Lengua. El coordinador de servicios de la Dirección General de Políticas Culturales, José Alberto Diaz Pico, advertía al instituto que no podía aceptar dos facturas con el concepto “asesoramiento sobre dirección científica de contenidos de diversas exposiciones y proyectos culturales del Instituto Castellano-leonés de la Lengua (sic)” por importe de 6.000 euros cada una porque el hecho de que las fuese a cobrar una persona vinculada como era Santonja, iba contra la Ley de Subvenciones.

“Se aporta en el propio concepto la información adicional de que se trata del pago 16º y 3º respectivamente de sendos contratos con la Universidad Complutense de Madrid, contratos de los cuales solo se presentan estas facturas mencionadas, por parte de don Gonzalo Santonja Gómez-Agero, que a su vez es el director de la fundación beneficiaria de la subvención”, decía la comunicación del coordinador. Aclaraba que se trataba de una “operación con persona vinculada” y que por tanto según el artículo 29.7.d debía cumplir con los requisitos de una “previa autorización del órgano concedente”, esto es, de la Junta, y que el importe subvencionable no exceda el del coste incurrido por la entidad vinculada, una justificación que no se presentó “por lo cual y según el artículo mencionado de la Ley General de Subvenciones, no se pueden llevar a cabo y no son subvencionables”.

¿Por qué se informa en 2022 de algo que ocurría desde 2016? Es sencillo: el Instituto se nutre económicamente por dos vías, una es la subvención directa de la Junta de Castilla y León, que en algunos momentos superó el millón de euros y se fiscaliza al milímetro, y otra es la de las 'cuotas' que pagan otros patronos, como los ayuntamientos de Valladolid, Burgos o Soria, varias universidades, varias diputaciones y la Cámara de Comercio de Burgos. Sólo estas cuotas suponían más de 200.000 euros de dinero público con las que se pagaron facturas que ni se presentaron al patronato ni se exigieron nunca. Es en esa parte de hucha de dinero público donde se presume que fueron a parar esas facturas de la Complutense y otras que presentó Santonja y que nadie revisaba. Hasta que dos se imputaron a la subvención de la Junta y no quedó más remedio que rechazarlas por su presunta ilegalidad, porque la Junta nunca autorizó ese enjuague por escrito, pero siempre estuvo enterada. Con el rechazo de estas facturas, y sin alegaciones por parte del Instituto de la Lengua, este se vería obligado a devolver el importe a la Junta.

Tal y como publicó elDiario.es, la mecánica de Santonja para cobrar del Instituto vía Complutense era sencilla: El Instituto de la Lengua que él dirigía, le contrataba como investigador de la Complutense y ese trabajo se pagaba con los fondos de la fundación. El contrato se firmó el 1 de enero de 2016, y en él se especificaba que la fundación estaba interesada “en el asesoramiento sobre la dirección científica de contenidos de diversas exposiciones y proyectos culturales” por parte de Gonzalo Santonja, catedrático en ese momento del Departamento de Filología Española II de la Facultad de Filología de la Complutense y que el “investigador” estaba dispuesto a hacerlo.

Lo curioso es que Santonja ya hacía ese trabajo desde 2002, cuando se puso en marcha esa fundación. Aunque se dio parte al patronato del Instituto de la Lengua, integrado por diputaciones, ayuntamientos y universidades de Castilla y León y también por la Consejería de Cultura, nadie puso pega alguna a la estrambótica situación. También pasaron desapercibidas para Junta y patronato las facturas que giró Santonja a través de su mercantil, Monbrún SL.

Tal y cómo informó elDiario.es, Gonzalo Santonja, facturó trabajos por un total de 166.497,5 euros entre 2006 y 2015, cuando dirigía la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Entre esas facturas destaca una por ilustrar un libro que editó el Instituto con una imagen de Mariano José de Larra, propiedad de la Biblioteca Nacional y que está libre de derechos, cualquiera puede usarla citando su procedencia. El actual consejero de Cultura facturó 500 euros.

Santonja, que era profesor de la Universidad Complutense de Madrid cuando la Junta lo fichó en 2002 para dirigir la fundación que promocionaba el castellano e investigaba sus orígenes, consiguió que el ejecutivo autonómico le diese una comisión de servicios, un nombramiento de carácter temporal mediante el que un funcionario desempeña puestos o funciones especiales distintas a las específicas del lugar de trabajo al que había sido adscrito. De ese modo, Santonja cobraba unos 50.000 euros anuales –su sueldo de profesor– pero dedicándose tan solo a dirigir la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Aunque la comisión de servicios suele concederse durante un año, Santonja la tuvo durante 11 años seguidos. A ese sueldo añadió el de los trabajos que facturaba con su SL y, cuando perdió la comisión y se reincorporó a la Complutense, se contrató a sí mismo desde el Instituto en base al artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que regula la compatibilidad de los profesores universitarios con trabajos y proyectos de carácter científico.