La Junta de Castilla y León aprueba el decreto para reforzar el teletrabajo de sus funcionarios

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el nuevo Decreto por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La norma se aplica a los empleados públicos de la Administración General y de sus organismos autónomos, sin afectar al personal docente ni al personal estatutario de los servicios sanitarios. Su objetivo es consolidar un modelo estable, homogéneo y garantista que mejore la organización del trabajo, favorezca la conciliación y refuerce la modernización de los servicios públicos. Castilla y León ya tiene 1.054 trabajadores que se acogen al teletrabajo.

El decreto establece un marco claro y ordenado para el acceso al teletrabajo, reservándolo a aquellos puestos cuyas funciones puedan desarrollarse plenamente a distancia y garantizando siempre la adecuada atención a las necesidades del servicio. Entre los requisitos, se exige haber desempeñado de forma presencial el puesto de trabajo, u otro con funciones equivalentes en el mismo órgano o unidad administrativa, durante un periodo mínimo de seis meses consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud, lo que asegura un conocimiento previo suficiente del puesto y de su funcionamiento.

El nuevo decreto presta una atención especial a los colectivos de mayor protección, que tendrán prioridad en el acceso al teletrabajo. Entre estos colectivos se incluyen las víctimas de violencia de género, las personas que hayan sufrido agresiones o situaciones de acoso sexual o laboral, el personal con un grado de dependencia reconocido o discapacidad que afecte a la movilidad, quienes soliciten el teletrabajo por razones de conciliación de la vida personal y familiar, y quienes residan en municipios de Castilla y León con menos de 2.000 habitantes, contribuyendo así a la cohesión territorial, a la lucha contra la despoblación, y a la cobertura de los puestos más periféricos.

La norma vincula además el teletrabajo a la capacitación digital, al requerir la posesión del certificado de competencias digitales del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, recientemente creado por la Junta de Castilla y León y cuya regulación se completará próximamente. De este modo, se impulsa una Administración más preparada, eficiente y adaptada a los nuevos entornos de trabajo digital.

La modalidad de teletrabajo tendrá una duración inicial máxima de un año, con la posibilidad de hasta dos prórrogas adicionales, y se articulará con carácter general mediante una distribución de la jornada que combine dos días de trabajo presencial y tres días de trabajo a distancia, favoreciendo un equilibrio adecuado entre presencialidad, coordinación y flexibilidad.

Cada autorización se sustentará en un plan individual de teletrabajo, en el que se fijarán los objetivos, la organización del trabajo, los mecanismos de seguimiento y evaluación, las franjas horarias de disponibilidad y los días concretos de prestación de servicios a distancia, reforzando la orientación a resultados y la transparencia en la gestión.

El decreto incorpora también la formación como un elemento clave del modelo, incluyendo acciones formativas específicas sobre teletrabajo, prevención de riesgos laborales, protección de datos y seguridad de la información, garantizando así que esta modalidad se desarrolle con plenas garantías tanto para el personal como para la Administración.

Por último, se crea una Comisión de Evaluación, con participación de la Administración autonómica y de las organizaciones sindicales, que realizará un seguimiento anual del funcionamiento del teletrabajo, evaluará sus resultados y propondrá mejoras, reforzando el carácter participativo y evolutivo de la norma.

Con este decreto, la Junta de Castilla y León da un nuevo paso en la modernización de la Administración, apostando por un teletrabajo regulado, seguro y eficiente, que mejora las condiciones laborales de los empleados públicos y contribuye a una prestación de servicios públicos de mayor calidad.