PP, Ciudadanos y Vox frenan la ley LGTBI que apoyan los colectivos porque dicen que se duplicará con la que prepara ahora la Junta
La ley de diversidad sexual de Castilla y León estaba prácticamente elaborada durante la pasada legislatura y la apoyaban los colectivos LGTBIQ+ y casi todos los grupos parlamentarios. Solo había un problema, que el Partido Popular estaba en contra y la bloqueaba. El PP, Ciudadanos y Vox han frenado la ley LGTBI que han llevado al pleno el Grupo Socialista y Podemos, del Grupo Mixto este miércoles.
“Voten a favor y mejorémosla [la ley], ningún otro texto tuvo tanto consenso como este... es una cuestión de coherencia”, ha reclamado la socialista Virgina Barcones al resto de procuradores, ante los que ha lamentado que Castilla y León sea una de las pocas autonomías sin ley específica para proteger al colectivo LGTBI.
La viceportavoz del Grupo Socialista ha señalado directamente a la bancada de Ciudadanos, que en el pasado mandato apoyaba esta norma pero ha votado este miércoles contra. También ha criticado que la consejera del ramo se haya reunido con Hazte Oír, aunque estos salieron descontentos de la reunión.
“Ciudadanos siempre va a apoyar los derechos del colectivo LGTBI, pero no tiene sentido que haya dos propuestas a la vez, es inútil”, ha sentenciado Ana Carlota Amigo. La procuradora de Cs ha mantenido su apoyo al colectivo “salgan las firmas que salgan” en su contra, en referencia a los correos electrónicos que han colapsado la bandeja de entrada de varios dirigentes de la Junta de Castilla y León. “Esta ley va a salir en esta legislatura”, ha subrayado Amigo, que ha reconocido que en su propuesta hay artículos “muy mejorables” relativos, por ejemplo, a los menores transexuales de Castilla y León. La representante de Cs ha abogado por una norma “sin sectarismos de ningún partido”.
El PP ha mantenido su veto a esta norma durante el pleno de este miércoles porque, ha asegurado Carmen Sánchez, “se estarían tramitando dos contenidos coincidentes hasta en el 80% y supondría una duplicación innecesaria de trabajo”.
El único procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, Jesús García-Conde del Castillo, ha justificado su voto en contra de esta ley por su rechazo a una norma “que entre en la vida de las familias”. García-Conde del Castillo ha apostado por que los menores transexuales sean “atendidos sin rechazo ni acoso”, pero también ha defendido el derecho de los padres a decidir que sus hijos no acudan a charlas “de manera indiscriminada”.
Igea y Mañueco se comprometieron en el punto 62 de su acuerdo de las 100 medidas de legislatura a impulsar una ley que garantice “el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”.
Sin embargo, la Federación LGTBI de Castilla y León ha denunciado concesiones a grupos ultracatólicos en el proyecto de Ley de la Junta como Hazte Oír o el Foro de la Familia. La Federación Estatal de Gays Transexuales y Bisexuales (FELGTB) considera que el proyecto de PP y Cs es una ley “de mínimos”, con planteamientos como la necesidad de un informe psiquiátrico para los transexuales que “delega el derecho de autodeterminación” a un tercero, el médico, que será quien tendrá que confirmar que la persona es transexual.
“Lo que se pide en el borrador del PP y Ciudadanos es medicalizar la transexualidad, que exista el informe de un médico que diga que esa persona es transexual”, denunciaron hace meses varios miembros de la Federación, presentes este miércoles en el pleno de las Cortes de Castilla y León
