Los veterinarios auguran “pérdidas millonarias” en el sector ganadero por las restricciones al movimiento pecuario

El Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha augurado “pérdidas millonarias” en el sector ganadero de la Comunidad Autónoma por las restricciones ministeriales al movimiento pecuario y ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que intervenga con “urgencia” para detener “la sangría económica y, sobre todo, la pérdida del, hasta ahora merecido, prestigio de los productos pecuarios de Castilla y León”.

Este sindicato asegura a través de un comunicado de prensa, que tres días después de la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que se establecen medidas para el movimiento de animales de la especie bovina desde Castilla y León “ya se están haciendo plomizos los devastadores efectos económicos de su aplicación”.

En concreto y, según los primeros cálculos de los técnicos del sector, los movimientos de la especie bovina mueven en Salamanca más de 5,5 millones de euros al mes, “lo que supone que cada día que pasa se ponen en riesgo cerca de 200.000 euros en esta provincia, a los que hay que sumar las pérdidas en las otras cinco provincias con limitación de sus movimientos pecuarios”.

“Y todo ello --añaden en este comunicado-- por la absoluta incapacidad para la gestión sanitaria y productiva de los actuales dirigentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, que no solo están propiciando unas

pérdidas millonarias al subsector del vacuno, sino que están llevando al desprestigio y pérdida de confianza a toda la producción pecuaria de esta Comunidad“.

Por este motivo, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) se ha dirigido al presidente de la Junta para que intervenga “decididamente” en este “asunto transcendental” para el futuro del sector ganadero de Castilla y León y su imbricación en la Salud Pública.

Y recuerdan que la aportación de la ganadería a las cuentas económicas de la Comunidad Autónoma representa el 51 por ciento de la producción de la rama agraria autonómica, 15 puntos por encima de lo que supone en España, que es el 36 por ciento, a lo que añaden que su potencial productivo “contribuye decisivamente al desarrollo y sostenibilidad del mundo rural de la Comunidad”.

A través de este comunicado lamentan también el “escaso éxito” de su petición a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez Vidal, para que modificase la Resolución de la Junta por la que se desarrollan “determinados aspectos” de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en Castilla y León.

“El motivo, en opinión compartida con los nueve jefes de sección de Sanidad y Producción Animal, era la transgresión de la normativa básica nacional y comunitaria en esta materia”, explican los veterinarios en su petición de intervención inmediata del presidente de la Junta.

E insisten en que poner en peligro la credibilidad sanitaria de un sector que en Castilla y León alberga el 22 por ciento del censo de vacuno de carne del país donde es, además, “la locomotora nacional” en la producción de leche de oveja de España con el 66 por ciento y lidera también el censo de cerdo ibérico con más del 30 por ciento del total nacional, “supone un riesgo sin precedentes del que difícilmente saldremos indemnes”.

“Hemos asistido atónitos a las declaraciones que ha vertido --el consejero de Agricultura-- en relación a los programas de erradicación de la tuberculosis bovina, enfermedad de la que, por cierto, le hacemos notar la distorsión sanitaria y productiva que tiene de ella, y le recordamos que si se hacen realidad sus intenciones dejarían en un evidente riesgo de inmovilización y pérdida de competitividad a este nuestro sector ganadero tan importante por los motivos que le hemos expuesto”, advierten los sindicatos.

Este sindicato urge a Fernández Mañueco (PP) a que inste al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Mariano Veganzones (Vox), a que modifique la Resolución de la Junta para ajustarla a la normativa nacional y comunitaria por la que se establecen los Programas de Control, Vigilancia y Erradicación de Enfermedades de los Rumiantes.

Y solicitan amparo y protección para los funcionarios “que en el ejercicio profesional de sus actuaciones científico-técnicas, y en su obligación constitucional de protección de la salud, están siendo objeto de acoso laboral y escrache personal por parte de algunas agrupaciones que, aunque no sean representativas de los verdaderos ganaderos, si están socavando el ejercicio de la función pública”.