El PSOE de Castilla y León pone a Partido Popular y Ciudadanos contra las cuerdas con una PNL sobre el veto parental

El PSOE de Castilla y León pondrá al gobierno autonómico en coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, contra las cuerdas, con una Proposición No de Ley (PNL) registrada este lunes que les obligará a pronunciarse sobre el controvertido 'pin parental' que Vox ha logrado imponer en la Comunidad de Murcia. El PP de Castilla y León ya se opuso el pasado año a la aplicación del veto y lo hizo por boca de la consejera de Educación, Rocío Lucas, que contestó a una pregunta oral del único procurador de Vox, Jesús García Conde, que no pondría en marcha un sistema de “consentimiento” para los padres de los alumnos. En el mismo sentido se desarrolló una reunión posterior con el grupo ultracatólico HazteOír, a quien hizo saber que no consideraba que en los colegios se impusiese un “adoctrinamiento en ideología de género”.

Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha puesto en una complicada situación a su partido, ya que se muestra a favor del veto parental que exige Vox, un partido con el que tiene pactos de Gobierno en otras Comunidades y que penden de un hilo si el Partido Popular no se pliega.

“La escuela se ha convertido en foco para la derecha, intentando implantar un modelo conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos que consideran aptos pero que excluyen realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un mayor centralismo y control de la educación y de los procesos educativos”, dice la PNL tras una extensa introducción sobre preceptos constitucionales. 

Poco después de que se hiciese pública la iniciativa del PSOE, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en declaraciones a Cadena Ser, ha descartado la implantación del veto porque “no existe adoctrinamiento” en las aulas de la Comunidad, y ha recomendado que si alguien lo detecta, acuda a la inspección de Educación. “Los padres tienen la libertad de elegir el modelo educativo que quieren, ya sea educación pública o bien educación concertada”, zanjó. 

Para los socialistas “hay principios pedagógicos que aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento hostil, de la agresividad, del adoctrinamiento, de la simplificación” y consideran que “dentro de un contexto de moderación” los docentes tienen que gestionar la penetración de la actualidad en las aulas “desde valores democráticos y de convivencia”. “No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la deriva centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo y la confianza en la profesionalidad del docente y de la inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y garantizar una formación integral para todos los niños y niñas”, se razona. 

De este modo, el PSOE de Castilla y León quiere que las Cortes insten a la Junta a velar por el cumplimiento del artículo 27.1 que defiende el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y del 27.2, que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Además pide el refuerzo del cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de género así como superar el sexismo. 

También pide que se garantice “la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como recomienda el Consejo de Europa”, promover una “campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del docente y de apoyo a la libertad de cátedra para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado y reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para la mejora del sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el derecho a la educación y su desarrollo, recogido en la Constitución Española.