La residencia de ancianos del pueblo de Valladolid donde se vacunaron el alcalde, los ediles y el cura los metió en un listado como "trabajadores"

Dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.

La directora de la residencia de ancianos de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) donde se vacunaron el alcalde y varios ediles socialistas y el cura del pueblo los incluyó en un listado como trabajadores, tal y como ha confirmado a eldiario.es el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos. "No estaban autorizados, no es cierto", ha censurado Cobos. El modus operandi utilizado para conseguir la vacuna no pudo ser más simple. La Consejería de Familia solicita a las residencias un listado de residentes y trabajadores, tanto internos como externos, para hacer una previsión del número de vacunas y posteriormente, Sanidad solicita un listado con las personas que consienten ponerse la vacuna. Es en este segundo listado, que nadie cotejó, donde la directora del centro incluyó al regidor, a varios concejales y al párroco.

Que la previsión inicial de vacunas no cuadre con las que se ponen, es relativamente normal si no todos los candidatos la aceptan o se desaconseja por una patología o por estar enfermos de covid o de otra cosa en ese momento. Es fácil que las residencias se conviertan en un coladero porque Sanidad no revisa ni comprueba si las personas del listado son efectivamente trabajadores.

Y es el caso del alcalde y los concejales. Ninguno de ellos es trabajador de la residencia. Los políticos forman parte del patronato, pero como ellos mismos han reconocido, al igual que el cura, llevaban 10 meses sin poner un pie en ella. Hasta el día en que llegaron las codiciadas vacunas. Ese día sí fueron.

"El alcalde, (Alberto Paz), no se ha puesto la vacuna como miembro del patronato, lo ha hecho como alcalde, porque es por ese cargo público por lo que está en el patronato, igual que los concejales", lamenta el delegado de la Junta. Cobos ha recordado que con su actitud no sólo se han vacunado sin pertenecer a un grupo prioritario, sino que han "robado" las vacunas a personal médico de primera línea. El delegado también ha explicado cómo trata de garantizar el suministro de primeras y segundas dosis sin romper el stock, lo que ha hecho que de momento haya un 25% de personal médico a la espera de la primera dosis.

Lo que ocurra a partir de ahora es una incógnita. Cobos no se atreve a hablar de delito pero sí de una posible infracción por la que se abrirá un expediente sancionador. Pero dónde pone el acento es en la actitud reprochable de quienes son cargos públicos. La Consejería de Sanidad, que aún no se ha pronunciado, es quien tiene que decidir sí se les pone la segunda dosis de la vacuna.

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