Se avecina otro verano de incendios: guía para entender cómo Castilla y León afronta esta temporada de 2026
La campaña de incendios empieza este viernes 12 de junio en Castilla y León, con un verano que temen agentes medioambientales, bomberos forestales y responsables políticos. El año pasado fue el peor que se recuerda en la comunidad, tanto por hectáreas quemadas como por el coste en vidas humanas que supuso.
¿Qué pasó el año pasado? ¿Cuánta superficie se quemó?
El 8 de agosto de 2025 empezó una oleada de incendios en Ávila, que no tardaría en extenderse a León, Zamora, Palencia y Salamanca, con hasta once fuegos de nivel máximo de gravedad, una categoría que se alcanza por su extensión o por afectar seriamente a núcleos de población o infraestructuras.
El pasado verano se produjeron incendios muy graves en Castilla y León, que afectaron especialmente a estas cuatro provincias. Fruto de estos incendios, fallecieron cinco personas: tres voluntarios, un bombero forestal y otro bombero forestal que murió cuando se desplazaba a un conato.
En total se quemaron 171.900 hectáreas, según confirmó la semana pasada el consejero en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, un poco superior a la cifra que dio en su comparecencia en el parlamento autonómico, cuando habló de 143.880 hectáreas, de las cuales más de 40.000 eran superficie arbolada.
¿Qué explicaciones dio la Junta?
Los primeros momentos han sido especialmente criticados por la oposición: el comentario de Suárez-Quiñones -que tenía “la mala costumbre de comer”-, al que los primeros incendios le pillaron en Gijón, las vacaciones de Fernández Mañueco, que tardó un día y medio en regresar para poder dirigir el operativo. El presidente de la Junta de Castilla y León compareció en las Cortes a petición de toda la oposición el día 29 de agosto. Por aquellas fechas, la Junta ya hablaba de 141.000 hectáreas afectadas.
En esa sesión plenaria, el líder del Ejecutivo autonómico defendió que las causas de los incendios habían sido inevitables e “imposibles de extinguir”. Estos incendios de sexta generación, contra los que solo cabe una estrategia defensiva. Desde agosto hasta que la legislatura acabó en enero de 2026, el consejero Suárez-Quiñones se ha enfrentado en los plenos a preguntas y mociones sobre el operativo y su gestión.
¿Hubo reacciones políticas?
Las peticiones de dimisión para Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones han sido reiteradas y desoídas. Podemos y Vox acudieron a los juzgados por la gestión de los incendios, aunque aún no ha trascendido ningún resultado en concreto. La Fiscalía de Castilla y León archivó otras dos denuncias contra el presidente de la Junta de Castilla y Suárez-Quiñones porque no veía indicios suficientes de delito.
Los sindicatos se han negado a negociar con el consejero de Medio Ambiente y con el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, y han presionado en muchas ocasiones a través de movilizaciones y manifestaciones.
El titular de Medio Ambiente también compareció en las Cortes para hacer balance de la temporada de incendios, aunque varios meses más tarde de lo habitual, y ya casi al final de la legislatura, después de que Vox y PP habilitaran la primera quincena de enero y forzaran así su comparecencia. En dos días, tanto Suárez-Quiñones como el director general de Patrimonio Natural responsabilizaron a la extraordinaria meteorología del verano y responsabilizó al Estado por su limitado apoyo al hablar de gestión conjunta de incendios, a la oposición por rechazar los decretos aprobados después del fuego sin negociar, y a las administraciones locales por no tener en buen estado los terrenos que debían vigilar.
Hace poco se publicó el avance informativo del Ministerio de los incendios forestales de 2025. Los medios aéreos del Ministerio actuaron en 97 incendios -la comunidad con más atención- y realizaron 899 intervenciones que actuaron durante 3.548 horas. De hecho, Castilla y León ocupó el 40% del tiempo que dedicaron los medios del Ministerio al apoyo a todas las comunidades autónomas.
¿Se han cumplido las promesas políticas?
Una de las primeras reacciones de Fernández Mañueco fue prometer ayudas a vecinos, agricultores y ganaderos afectados por los incendios. Los planes de recuperación han tenido un presupuesto de 114 millones de euros, según los cálculos de la Junta de Castilla y León: 21,76 millones para ayudas por desalojo, desescombro y reparación de viviendas y enseres de 7.300 familias y 235 inmuebles; más de 10 millones de compensación al sector ganadero; y más de 28 millones para un plan de restauración hidrológico-forestal, extracción de madera quemada y recuperación de hábitats y biodiversidad.
La recuperación del Patrimonio Mundial de Las Médulas en El Bierzo ha costado de 3,62 millones de euros, una cifra muy superior al presupuesto anual del Patronato de Fundación Las Médulas, que en 2025 fue de 480.000 euros.
¿Se han producido cambios en el operativo?
Es una pregunta compleja. Mañueco quiso aprobar un decreto de ordenación forestal y otro que pretendía incrementar la participación pública, pero ninguno de ellos fue negociado con los sindicatos, por lo que todos los partidos de la oposición (Vox, PSOE, UPL, Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea) tumbaron ambas normas. Aún así, la Junta se comprometió a ir reduciendo el número de empresas contratadas a medida que se extinguieran los contratos, y a integrar a los trabajadores a empresas públicas como Tragsa o Somacyl. Sin embargo, en abril adjudicó y licitó algunos contratos con otras empresas.
Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León están presionando porque dicen que la Administración lleva más de un año ignorando sus requerimientos y denuncian que Inspección de Trabajo ha iniciado “una campaña de acoso y derribo” por discrepancias entre las exigencias de la Junta y de Trabajo, lo que genera una inseguridad jurídica “absoluta”.
¿Cómo se afronta la temporada de incendios de 2026?
Hasta ahora se han producido ya 633 incendios, la mayoría eran conatos (526), de menos de una hectárea de superficie. La Junta de Castilla y León tiene previsto activar a 5.001 profesionales del operativo, un 6% más que el año pasado, a pesar de que se ha mantenido el sistema mixto de extinción de incendios. En total, está previsto invertir 160 millones de euros en este verano, 60 millones más que el año pasado.
El pacto de gobierno firmado entre PP y Vox incluye el compromiso del nuevo Ejecutivo a “incrementar la colaboración público-privada en la prevención y extinción de incendios, elaborar un nuevo Plan Forestal Integral e incrementar el número de planes de gestión forestal, entre otros aspectos. Pero el PP mantendrá la responsabilidad sobre los incendios y esta campaña ya está planificada y programada, así que probablemente no se produzcan grandes cambios.