El empresario Alberto Esgueva, uno de los principales acusados en el juicio de la denominada trama eólica para quien la Fiscalía solicita penas que suman hasta 12 años de prisión y multa de 68 millones de euros, se presentó este martes ante el tribunal como víctima de las consecuencias económicas y personales del procedimiento, Además el procesado ha defendido la licitud de sus operaciones en el sector eólico y ha negado haber recibido trato de favor por parte de la Junta de Castilla y León o haber pagado comisiones a cargos públicos.
Esgueva, que ha declarado únicamente a preguntas de su abogado defensor, ha señalado el impacto que, a su juicio, tuvieron las actuaciones de la Agencia Tributaria y la repercusión pública del caso: “Subastaron mi casa, intervinieron mis activos, ejecutaban cada euro que entraba en las cuentas, tuvimos que despedir a todo el personal y con la publicación de este asunto se acabó mi proyecto empresarial en España y Polonia”, ha asegurado.
El acusado ha situado su entrada en el sector en diciembre de 2004, cuando Iberdrola le propuso actuar como socio local para el desarrollo de parques eólicos en Castilla y León. Fruto de ese acuerdo se constituyó la sociedad Energía Global Castellana, participada por el Grupo San Cayetano y la filial de Iberdrola Biovent, con un capital inicial de 60.000 euros. Según ha explicado, el papel de su grupo era facilitar la tramitación administrativa y los acuerdos con los propietarios de los terrenos.
Tres años después, en 2007, decidió abandonar el proyecto y vender su participación a Iberdrola por 47,1 millones de euros, una cifra que ha justificado como el resultado de una fórmula prevista en el contrato inicial, basada en las previsiones de producción de los parques. Asimismo, ha defendido que esa operación fue declarada y tributada, con el pago de alrededor de 3 millones de euros en impuestos.
Sin embargo, ha apuntado a que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) consideró que la operación no era una simple venta de participaciones, sino una actividad económica sujeta a IVA, lo que derivó en un embargo de 13 millones de euros. A su juicio, esa decisión marcó el inicio de una cadena de ejecuciones que asfixió financieramente a sus empresas.
Una situación similar, según ha expuesto, se produjo con otros proyectos eólicos impulsados junto a la empresa Preneal, que también contactó con él para actuar como socio local. En este caso, solo dos parques en la provincia de Soria llegaron a desarrollarse, mientras que otros once en distintas provincias no obtuvieron autorización. Pese a ello, ha reiterado que Hacienda calificó las operaciones posteriores como actividades económicas y exigió el pago de IVA.
El acusado también ha dado explicaciones sobre la venta de un apartamento en Comillas, en Cantabria, a Delgado en 2005 y de un chalé en en la urbanización 'El Pichón' de Simancas, en Valladolid, operaciones que, según dijo, se produjeron tras su separación matrimonial y a precios de mercado. Asimismo, ha negado igualmente que parte de los beneficios obtenidos se destinara al pago de comisiones a funcionarios o cargos públicos.
Alberto Esgueva fue consejero delegado de Excal, la agencia pública de internacionalización de la Junta de Castilla y León, entre 2003 y 2006, antes de pasar a la actividad empresarial privada. Ha estado inmerso en a varios procedimientos judiciales, además de la trama eólica, como el caso Perla Negra, del que fue absuelto, y ha mantenido distintos litigios con la Agencia Tributaria por la fiscalidad de sus operaciones empresariales. En uno de ellos, los tribunales anularon una reclamación de cerca de 20 millones de euros al apreciar un error en la actuación de Hacienda, mientras que otros proyectos impulsados por sociedades vinculadas a él, como el complejo turístico de Montealegre de Campos, en Valladolid, acabaron en embargos y subastas tras no llegar a ejecutarse.
Francisco Esgueva señala a su hermano como gestor de la parte eólica de sus empresas
Tras su comparecencia ha declarado otros acusados. Su hermano Francisco Esgueva, a quien piden 12 años de cárcel y a una multa de 14,5 millones, ha afirmado que la gestión del negocio eólico recayó fundamentalmente en Alberto y que él no se benefició de los 47 millones obtenidos por la venta a Iberdrola, ya que había vendido previamente su participación. Asimismo, ha asegurado que solo conocía a Delgado de coincidir con él en algún acto público.
También ha comparecido el empresario Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Cronos Global que acusan de dos delitos por el que le piden 14,5 millones de euros de multa y doce años de cárcel, quien sostuvo que la crisis financiera de 2008 y los embargos derivados de inspecciones fiscales precipitaron la venta de activos y el cierre de proyectos inmobiliarios en Polonia. En relación con los 7 millones de euros abonados por Preneal a Cronos, ha rechazado que se tratara de una dádiva y defendió que era el precio de reventa de participaciones, una operación que —según ha dicho— terminó avalada en gran parte por el Tribunal Supremo.
La sesión ha continuado con la declaración del empresario César Hernández Chico, a quien el fiscal solicita 7 años de prisión y cerca de 1,9 millones de euros de multa por delitos continuados de cohecho y de tráfico de influencias, que ha reconocido que en una reunión con Rafael Delgado se recomendó contar con socios locales para el desarrollo de proyectos eólicos, una práctica que calificó de habitual en el sector.