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CATALUNYA

Chomsky, Varoufakis y Marina Subirats, entre el millar de académicos contra el juicio a los síndicos del 1-O

Más de 1.000 profesores universitarios firman una carta que considera "indignantes" las peticiones de cárcel a los miembros de la Sindicatura Electoral

"Probablemente sea la primera vez en la historia de la Unión Europea que unos politólogos y juristas son amenazados con pena de prisión por hacer su trabajo", denuncian

La Sindicatura se disolvió dos semanas después de crearse ante la advertencia de multas de 12.000 euros diarias por parte del Constitucional

MANIFIESTOCarta de apoyo: contra la represión al profesorado universitario

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La Fiscalía pide dos años y 9 meses de cárcel para los síndicos electorales del 1-O

La Fiscalía pide dos años y 9 meses de cárcel para los síndicos electorales del 1-O EFE

Más de 1.000 académicos de universidades españolas y de todo el mundo se oponen al procesamiento de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que debía supervisar el referéndum del 1-O. Así lo manifiestan en una  carta publicada en eldiario.es y The Guardian en la que consideran "indignante" y "desproporcionado" que la Fiscalía pida para ellos dos años y nueve meses de cárcel. 

"La comunidad global de profesores universitarios muestra su indignación por el procesamiento de nuestros colegas y exige la retirada inmediata de la amenaza de pena de prisión, así como el cierre de la causa penal abierta contra ellos", expresa el manifiesto, que cuenta con más de 400 firmas de académicos internacionales, como Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Jane Mansbridge o Fiona MacKay; y más de 700 nacionales, como Marina Subirats, Pablo Beramendi, Quim Brugué, Jordi Galí, Jordi Muñoz o Vicenç Navarro. Del grupo de docentes de universidades españolas, la mayoría pertenecen a catalanas como la Universitat Pompeu Fabra o la Universitat de Barcelona. 

Los firmantes denuncian que "probablemente" esta sea " la primera vez en la historia de la Unión Europea que unos politólogos y juristas son amenazados con pena de prisión por hacer su trabajo". Los síndicos eran  Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge, Marta Alsina, Josep Pagès, a quienes el ministerio público acusa ahora de delitos de desobediencia y usurpación de funciones. De forma alternativa, el ministerio público solicita que los síndicos sean condenados a un año de inhabilitación y a una multa de 5.400 euros por desobediencia.

Con todo, la Sindicatura se disolvió dos semanas después de crearse, ante la advertencia de multas de 12.000 euros diarios por parte del Tribunal Constitucional. Antes tuvieron tiempo de aprobar resoluciones como la validación de acreditaciones para los interventores, la supervisión de la campaña institucional del 1-O o la designación de los síndicos territoriales. 

Esta carta no es la primera muestra de apoyo que reciben los miembros de la Sindicatura por parte del mundo académico. Más de 13.000 académicos de EEUU y Reino Unido ya pidieron recientemente el archivo de su causa. La American Political Science Association (APSA), que integra a 11.000 profesores, envió una carta a Pedro Sánchez que se sumaba al comunicado emitido por la Political Science Association (PSA), asociación que engloba a más de 2.000 profesores de ciencia política. 

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