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El alcalde de Premià de Dalt (Junts) se niega a romper el contrato con Desokupa pese a la petición de su partido

El alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó (de blanco), junto al líder de Desokupa Daniel Esteve (derecha).

elDiario.es Catalunya

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El alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, hará caso omiso de la petición de su partido, Junts, para que retire el contrato de 3.000 euros con la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa. Así lo ha explicado el propio edil después de que Junts y el PSC, que gobiernan en coalición en el municipio, hayan desautorizado a sus concejales por la decisión de pagar dinero público a la polémica firma.

“Junts me ha pedido que retire el contrato con Desokupa pero no lo haré”, ha sentenciado Triadó en declaraciones a Catalunya Ràdio. El edil se ha reafirmado en que no piensa dar marcha atrás y ha alegado que las okupaciones delincuenciales “son un problema de seguridad avalado por la policía local”, pese a volver a reconocer que a día de hoy en Premià de Mar no existe ninguna okupación de este tipo.

“Si no fuera por el tema ideológico –ha agregado Triadó–, muchos ayuntamientos harían lo mismo”. Desokupa está liderada por Daniel Esteve, un exportero de discoteca con antecedentes policiales y vínculos con la ultraderecha. Los métodos similares para desalojar sin orden judicial de otras empresas de la competencia ya han sido condenados por la Justicia.

Premià de Dalt, en cuyo Ayuntamiento Junts ostenta 9 de las 11 concejalías y el PSC las dos restantes (incluyendo la de seguridad ciudadana), tiene una renta per cápita de más de 42.000 euros y es uno de los más adinerados de su tamaño en Catalunya. Ambos partido han desautorizado a sus respectivos ediles, que han insistido en la contratación de Desokupa.

En un comunicado, el PSC de la comarca del Maresme se ha opuesto “de forma frontal a cualquier trato” con Desokupa, al tiempo que ha mostrado el “rechazo absoluto” a las prácticas de la empresa que su concejal ha contratado para recibir “asesoramiento” en materia de okupaciones delincuenciales. Por su lado, la presidenta de Junts, Laura Borràs, también desautorizó a su alcalde.

El propio Daniel Esteve se ha dedicado durante años a difundir bulos y mensajes racistas en redes sociales, aparte de publicar datos personales, amenazar e intimidar a okupas. En sus operativos han participado conocidos neonazis y paramilitares extranjeros. En septiembre del año pasado, Esteve expandió a sabiendas de que era mentira un bulo sobre una falsa okupa marroquí que había expulsado de su casa a una anciana de 89 años a la que cuidaba. La cuidadora recibió amenazas de muerte después de la campaña de Esteve.

En la década de los 2000 el propietario de Desokupa tuvo una empresa de cobro de morosos que ofrecía la posibilidad de cobrar “cualquier deuda en 'A' o en 'B'”. “Cobros expeditivos, incluso sin factura”, anunciaba Esteve en su web. En 2008, la unidad de secuestros y extorsiones de los Mossos encargó su detención por los métodos que empleaba la compañía. La policía le acusó de extorsión, detención ilegal, lesiones, vejaciones y asociación ilícita.

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