Aragonès inicia el proceso para diseñar la propuesta de referéndum que presentará al Estado

El Govern de Pere Aragonès ya tiene dibujado el itinerario de la que quiere que sea su propuesta para desbloquear el “conflicto político”. El propósito es que no sea una iniciativa solo del Ejecutivo. El objetivo final es sentar las bases para intentar pactar un referéndum de autodeterminación inspirándose en la Ley de claridad canadiense aunque no pretende ser un modelo idéntico al del Quebec y que en algunos elementos se asemeja al escocés o al proceso participativo de Islandia para aprobar su Constitución.

En palabras de Aragonès, se trata de confeccionar la “propuesta catalana de acuerdo de claridad”. “Catalunya se merece soluciones para un conflicto enquistado durante demasiado tiempo”, ha agregado el president en una comparecencia de prensa en el Palau de la Generalitat.

“Consenso” ha sido el sustantivo más repetido por el president, que ha emplazado en especial a PSC, comuns, Junts y la CUP a sumarse al acuerdo para responder a lo que, a su juicio, piden sus respectivos votantes. “Hay que encontrar soluciones nuevas dirigidas al conjunto del país, a toda Catalunya, a los que votan 'sí' o 'no'”, ha aseverado Aragonès.

El recorrido diseñado por Aragonès y su equipo pasa por tener a principios del año que viene un texto respaldado por expertos, sociedad civil, ciudadanía y partidos para presentar al Gobierno. Otra cosa es que el contexto electoral y que el resultado de las generales, previstas para finales de este año, permitan plantear una propuesta como esta teniendo en cuenta que el PSOE siempre ha negado que exista posibilidad alguna de celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya mientras que el PP ni tan siquiera acepta la actual mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

Ya el pasado mes de septiembre Aragonès se topó con el portazo del Gobierno a la propuesta de consulta a la canadiense que esbozó en el debate de política general que abre el curso político en Catalunya. Por distintos motivos, PSC, Junts, la CUP y la derecha se opusieron al plan dibujado por Aragonès, que solo encontró cierta receptividad en los comuns, quienes siempre han defendido el referéndum pactado.

Debate con expertos, ciudadanía y partidos

El punto de partida del plan de Aragonès serán unas preguntas, aún no desveladas, que previa aprobación gubernamental, se someterán a debate de un consejo académico integrado por expertos del ámbito de la ciencia política y Derecho de distintas universidades. Fuentes del Ejecutivo aseguran que se busca un grupo plural, con diversidad de puntos de vista y sin identificación partidista. El informe que realicen los académicos no será conclusivo sino que será un documento abierto para que sea examinado y discutido por partidos y sociedad civil.

El siguiente paso, ya después de las municipales para evitar que coincida con la refriega electoral, será plantear el informe de los académicos a los partidos y sociedad civil. En el primer caso, el formato será una mesa de partidos en el que Aragonès ha detallado que se invitará a todas las formaciones del Parlament salvo a Vox. Después de los partidos, la propuesta se presentará a entidades de ámbitos muy diversos, desde asociaciones al ámbito empresarial o el deporte.

El president ha asegurado ser consciente del contexto preelectoral en el que lanza su propuesta, si bien ha emplazado a los partidos a “pensar más en el futuro del país que en la campaña” de las municipales.

En el Govern se insiste que pese a la minoría parlamentaria de ERC (solo 33 diputados) su obligación es buscar una salida a un “conflicto político” que persiste, independientemente de las mayorías o alianzas en la Cámara catalana. El objetivo, añaden, es hacerlo con el máximo consenso posible.

Una de las estrategias novedosas es la creación de ocho grupos focales de 100 personas por cada vegueria, que aspira a ser una muestra científica y cualitativa de cada territorio, para recabar la opinión del conjunto de los ciudadanos a partir de un sistema metodológico habitual en la elaboración de encuestas o estudios académicos. Estos grupos estarán supervisados por un órgano externo, no vinculado al Govern, para validar que el proceso de selección y debates es correcto. Este trabajo con los grupos focales se pondría en marcha después del verano y sería el último paso antes de elaborar el que debe ser el informe definitivo.

Este segundo documento, con las aportaciones de partidos, entidades y ciudadanos, será el que examinará el Govern para redactar ya la propuesta final que trasladará a la mesa de diálogo con el Ejecutivo central.