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El Colegio de la Abogacía de Barcelona impide un debate jurídico sobre la suspensión de las elecciones catalanas antes del 14F

Sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona

Oriol Solé Altimira

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El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) impidió que este lunes se celebrara un debate jurídico sobre el decreto del Govern que suspendió las elecciones catalanas. El debate lo había propuesto la sección de Derecho Administrativo del Colegio, pero recibió la negativa de una diputada de la Junta de Gobierno del ICAB, que ofreció como alternativa celebrarlo después del 14F.

La diputada de la Junta de Gobierno Cristina Vallejo, encargada de gestionar el calendario y la logística de los actos que proponen las distintas secciones del Colegio, rechazó la propuesta de la sección de Derecho Administrativo. Las razones aducidas fueron no interferir en la campaña electoral y evitar que un acto amparado por el ICAB tuviera connotación política. La diputada ofreció como alternativa celebrar la conferencia después de las elecciones. Este diario ha contactado con el Colegio de la Abogacía para que Vallejo manifestara su versión de los hechos, pero el ente colegial ha declinado la petición. Tampoco ha sido posible obtener la posición oficial del ICAB al respecto.

Sí ha hablado con este diario, aunque a título personal, el secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, Jesús Sánchez, quien ha sostenido que es “norma inveterada” en el ICAB “no hacer conferencias en periodo electoral que puedan interpretarse, aunque sea de forma equivocada, que tienen carácter político”. “Después de las elecciones este tema se podrá tratar sin ningún problema”, ha agregado.

La intención del debate propuesto por la sección de Derecho Administrativo era justamente la opuesta a la connotación política alegada por el ICAB para vetarlo antes de las elecciones: sus organizadores pretendían alejar la discusión sobre el aplazamiento electoral de la arena política y centrarse en cuestiones estrictamente jurídicas, como son los derechos fundamentales en juego y el marco legal del aplazamiento electoral.

Para ello se había invitado a dos expertos en Derecho Administrativo y Constitucional, el exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona y el catedrático de la Universitat Pompeu Fabra Víctor Ferreres. Además del análisis a cargo de Bayona del decreto del Govern que suspendía las elecciones, el acto preveía que Ferreres repasara las previsiones constitucionales sobre suspensión de derechos fundamentales en situaciones excepcionales como la pandemia.

La decisión del ICAB ha provocado el disgusto de la sección de Derecho Administrativo. Se da la circunstancia además que el ICAB ha estrenado recientemente un 'podcast' que ofrece, según anuncia el propio colegio, “tertulias jurídicas sobre temas de actualidad”.

La fecha propuesta para el debate hubiera coincidido con la publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC), que este lunes anuló el decreto del Govern que suspendía las elecciones catalanas y las anunciaba para el 30 de mayo porque vulneraba el derecho fundamental al voto. Argumentaron los magistrados que las elecciones deben celebrarse en la fecha prevista porque no hay ningún elemento “de fuerza mayor” que ampare su suspensión, así como para evitar que se abriera un “periodo adicional, prolongado e incierto” de un Govern en funciones sin control parlamentario.

El mantenimiento de la neutralidad de la institución ha sido uno de los objetivos de Maria Eugènia Gay, decana del ICAB desde 2017 y que ganó las elecciones al ente colegial liderando una lista plural, con letrados de distintas afinidades políticas. Su mandato sin embargo no ha estado exento de tensiones debido a las derivadas judiciales del procés. En la recta final del juicio en el Tribunal Supremo salió a la luz un conflicto latente hasta entonces a raíz del cruce de comunicados entre la Junta y la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, que reprochó al gobierno de la entidad que no hubiera denunciado la vulneración de derechos que, a su juicio, sufrieron los colegiados que defendieron a los líderes del procés.

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