¡Han expedientado a un policía!

Se han hecho virales, y han desatado indignación y multitud de artículos, las imágenes del policía que, sin venir a cuento, empuja al suelo a una docente de 68 años que acaba con la nariz rota durante una de las ejemplares jornadas de huelga en Valencia. Son imágenes que, ni mucho menos, registran la verdadera brutalidad con la que en ocasiones actúan tantos agentes, pues desde hace demasiado tiempo se saben impunes. No en vano, los jueces suelen hacer la vista gorda, al tiempo que el Gobierno más progresista de la historia les sigue dando amparo gracias, entre otros motivos, al incumplimiento de una de sus más sonadas promesas electorales: la derogación de la ley de mordaza. Si esta actuación en concreto nos ha revuelto las tripas se debe a que está grabada en toda su crudeza. De hecho, los sindicatos policiales, acostumbrados a ocultar esas brutalidades, han salido en tromba a defender al agente. No solo eso, sino que a la delegada del Gobierno le dijeron, con la altanería habitual, “tú no vas investigar nada”. Y llevaban, en el fondo, razón. De manera indubitable, el ministro Grande-Marlaska, en última instancia el responsable de los cuerpos estatales de seguridad, siempre acaba por justificar las actuaciones policiales.

Todos lo sabemos: en España la Policía, en más ocasiones de las tolerables, no solo no protege el derecho pacífico a la protesta, sino que agrede a quienes lo ejercen. Hace algún tiempo me dio por repasar someramente los casos de corrupción en los cuerpos de seguridad de los últimos meses: tráfico de drogas, brutalidad, blanqueo de capitales, organizaciones criminales, abusos sexuales, torturas, montajes, etc.

Si uno se pone en serio, la lista es interminable. No se trata de manzanas podridas, sino de un gravísimo problema estructural que, por razones incomprensibles, ningún gobierno ataja. En este país mucha gente no se siente protegida por la Policía, sino más bien atemorizada, una clara deficiencia democrática. Es, de hecho, ahí donde radica la verdadera corrupción sistémica de España, una corrupción transversal, con mandos que se ponen al servicio de la guerra sucia del ejecutivo para anular a rivales políticos, que fabrican pruebas falsas contra la izquierda, que frenan informes cuando atañen a gobiernos afines, o elaboran otros de forma muy creativa y acelerada cuando sirven para derribar a los de signo contrario. Y no pasa nada. Nada de nada. Lo estamos viendo estos días con tanto juicio a las cloacas.

Ya sabéis lo que en política se dice: si quieres paralizar un asunto, crea una comisión de estudio. Pues esto lo mismo, abre un expediente o “investiga” a fondo algo que las imágenes que todos hemos visto revelan de manera inequívoca

Al policía de Valencia, sí, ¡le han abierto un expediente! Eso es todo. He intentado buscar qué significa exactamente, qué posibles consecuencias tiene. No lo he logrado, así que, me temo, es un siempre recurso para generar un titular y poco más. Se trata, en suma, de algo parecido a esa “investigación” que el Gobierno vasco ha abierto a los agentes que apalearon a quienes estaban recibiendo en el aeropuerto de Bilbao a los miembros de la flotilla de Israel. Ya sabéis lo que en política se dice: si quieres paralizar un asunto, crea una comisión de estudio. Pues esto lo mismo, abre un expediente o “investiga” a fondo algo que las imágenes que todos hemos visto revelan de manera inequívoca.

No está de más recordar que, en Málaga, una jueza no ha visto nada extraño en el caso de la muerte de Haitam, tras el uso de pistolas taser por varios agentes, las 86 lesiones en su cuerpo y las mentiras de los agentes a los sanitarios que acudieron sin más tiempo que el de certificar el fallecimiento.

¿Qué piensan hacer los próximos gobiernos con todo esto, qué lugar ocupará la corrupción policial en la próxima campaña electoral, quién se atreverá a una verdadera limpia en los cuerpos de seguridad cuando llegue al poder? Nada pasará, nada: expedientes e “investigaciones” y, entre tanto, nuestro miedo será el mismo.