El Constitucional limita las leyes autonómicas que garantizan la transparencia
El Tribunal Constitucional ha sentado este jueves un criterio que restringe varias leyes autonómicas sobre el derecho a la transparencia para acomodarlas a la norma estatal. El Alto Tribunal ha fallado en contra del precepto de la ley aragonesa, que interpretaba que si una institución no respondía a la solicitud de transparencia de un ciudadano debía entenderse que su petición había sido aceptada. A partir de ahora será al revés, tal como dispone la regulación estatal.
La sentencia, dictada el pasado cuatro de octubre pero hecha pública ahora, considera que la legislación aragonesa sobre el silencio administrativo en transparencia invade competencias del Estado, al colisionar con la ley general, aprobada por el Congreso en 2013. La norma estatal es más restrictiva, al interpretar que el silencio administrativo no debe ser considerado estimatorio.
La decisión del Constitucional significa que si un ciudadano reclama una información concreta a una administración y no se le responde dentro de los plazos legalmente establecidos, debe entenderse que la petición ha sido denegada. El ciudadano pierde, por tanto, el derecho a recibir la información. Además de anular la disposición de la ley aragonesa, la sentencia deja igualmente tocadas las leyes de Catalunya, Comunidad Valenciana y Navarra, comunidades que habían legislado en el mismo sentido que Aragón.
La sentencia responde a un requerimiento elevado desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que cuestionaba la constitucionalidad de la ley aragonesa al entender que colisionaba con la estatal. El Constitucional le da ahora la razón, basándose en la antigüedad de la primera norma respecto de las autonómicas, así como en la legislación básica sobre procedimiento administrativo.
La interpretación restrictiva del silencio administrativo en la ley de transparencia estatal ya fue motivo de controversia durante la redacción de la norma. Algunos expertos criticaron entonces que se abría una vía para que la administración denegase peticiones de transparencia sin justificarlo y sin emitir una resolución que pueda ser recurrida a otros órganos, desprotegiendo al ciudadano. Para paliar este aparente agujero, algunas comunidades autónomas legislaron de forma contraria, como es el caso de Aragón y las citadas anteriormente.
Precisamente la ministra de Función Pública, Meritxell Batet, anunció esta semana que prepara un reglamento de la ley que facilitará el acceso a información pública. Según avanzó Batet en sede parlamentaria, la nueva reglamentación servirá para dar “más seguridad jurídica” y asegurar “la aplicación restrictiva” de los límites al derecho a la transparencia. El Gobierno también ha anunciado que publicará la agenda de los ministros y altos cargos el próximo mes de noviembre, una obligación prevista en la ley que hasta ahora se incumplía.
