Cuixart acusa a la Fiscalía de vulnerar su libertad ideológica y pide a la jueza avalar el tercer grado

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido a la jueza que avale su tercer grado, a día de hoy suspendido, y ha arremetido contra la Fiscalía por su oposición a la semilibertad. Para Cuixart, la Fiscalía, cuyos postulados respecto a la disidencia política considera “impropios de una institución democrática del siglo XXI”, solo pretende hacerle pasar más tiempo en prisión para que abjure de su ideología.

En su escrito, la letrada de Cuixart, Marina Roig, se opone al recurso al tercer grado de la Fiscalía y pide a la jueza que lo avale y que levante la suspensión cautelar de la semilibertad que decretó la semana pasada para los siete presos de Lledoners. La jueza atendió la petición de la Fiscalía y suspendió la semilibertad sin entrar a valorar el fondo del recurso del Ministerio Público.

Pese a que la literalidad de la ley establece que el tercer grado se suspende al presentar recurso ante la segunda instancia –el Supremo, en el caso de los presos del procés– la Fiscalía reclamó “extender” la suspensión de la semilibertad al recurso en primera instancia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.

Por contra, un segundo juez, encargado de revisar el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, rechazó la interpretación “extensiva” de la Fiscalía y remarcó que el recurso solo deja en suspenso el tercer grado cuando se presenta en segunda instancia, y no en primera. Y apuntó además que la decisión de su colega respecto a los siete presos de Lledoners podía ser contraria al principio de legalidad.

Al margen de la polémica generada por las decisiones opuestas de los jueces, el recurso de Cuixart se centra en replicar las tesis de la Fiscalía, que consideró que la concesión del tercer grado es “prematura”, genera “sensación de impunidad” y “vacía el contenido” de la sentencia del Tribunal Supremo.

Además de “reconocer el delito” y pasar más tiempo en prisión como “medio de utilidad social y de intimidación general” para prevenir eventuales sediciones, para el Ministerio Público es necesario que los presos participen en un programa específico sobre la sedición, postura avalada por el Tribunal Supremo que los jueces catalanes veían contraria a la libertad ideológica de los presos.

A criterio de la defensa, la Fiscalía pretende con su recurso cambiar las reglas establecidas para la concesión del tercer grado y “recortar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica” de Cuixart.

Es más, para el presidente de Òmnium el Ministerio Público elude que la finalidad de las penas de prisión es la reinserción y pretende dar a las mismas “una finalidad puramente retributiva”, es decir, que se cumplan en su totalidad y que los presos no puedan flexibilizar su régimen penitenciario. Acusa además Cuixart a los fiscales de “intentar hacerle abjurar de su ideología bajo la excusa de una hipotética necesidad de reeducación”.

Todo ello supone, a criterio de la defensa, un intento de la Fiscalía para “tender una trampa a Cuixart”. “Es evidente que el reconocimiento del delito que exige el Ministerio Público, que es tanto como pretender que el interno renuncie a su derecho de defensa y a no declararse culpable, sería utilizado en la tramitación de los recursos” de Cuixart ante la Justicia europea, zanja la defensa.