A pesar de abordar distintas problemáticas relacionadas con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), los ponentes de la primera mesa de las jornadas que se celebran este fin de semana en la UPF han coincidido en reconocer una injusticia que se da en todos lo ámbitos: la discrecionalidad de las decisiones que afectan a los internos. Se debe en gran parte a la ausencia de normativa, pero aseguran que la que plantea el gobierno del PP tampoco cambiará nada al respecto.
“Existe el CIE legal y el CIE real, en el que hay poca legalidad”, dice el abogado Andrés García Berrio, de la Coordinadora por la Prevención de la Tortura (CPDT). A la hora de la verdad, la legalidad se aplica de forma muy distinta en cada centro. Una muestra de ello es la situación de los jueces de control asignados a los diferentes CIE.
Francisco Solans, abogado y activista de la campaña por el cierre de los CIE en Valencia, explica que la figura del juez de control se creó sin hablar con los jueces ni aportar más recursos. Esto ha tenido consecuencias muy dispares. En Madrid, tres jueces se ofrecieron para compartir esta función, en Valencia, se asignó un juez y en Barcelona la función reacae sobre el juez de guardia.
Los derechos de los internos dependen, pues, de decisiones arbitrarias de estos jueces. Así, en Madrid, según cuenta Cristina Manzanedo, de la campaña Pueblos Unidos, las entidades sociales han conquistado el derecho de visitar el CIE cada semana, a diferencia de Barcelona, donde la situación sigue siendo de total opacidad.
Manzanedo ahora teme por conservar este derecho. Considera que la normativa que propone el gobierno no solo no soluciona los problemas que afectan a los CIE sino que representa un retroceso en algunos aspectos. Las visitas son uno de ellos, para las que se pondrían más limitaciones y exigencias.
Los ponentes consideran esenciales las visitas de las entidades sociales. Para Andrés García Berrio, son lo que permite “recoger la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, ante la imposibilidad de conocerlo por otras vías, ya que en Barcelona se llegó a negar la entrada al Síndic de Greuges. Según este abogado, se encuentran muchas dificultades hasta para ejercer su trabajo de abogados. “Algún día los familiares llegan para las visitas después de un largo trayecto y les dicen que ese día no se harán visitas”, cuenta.
Pero las visitas no son lo único que preocupa a los activistas sobre la propuesta de normativa. Cristina Manzanedo lamenta que no se contemple un derecho como el de la información. “Una de las cosas que más angustia es no saber porqué estás ahí, cuál es estado de tu proceso”, dice. La activista recuerda que el único derecho que restringe la ley de extranjería es el de libre circulación, y que el Estado está obligado a garantizar todos los demás, pero se vulneran sistemáticamente.
En este sentido también critican que el proyecto abra la puerta a la externalización de la gestión de los centros. Aseguran que es una responsabilidad del Estado. Este se escuda en la falta de recursos para justificar el hacinamiento, pero Francisco Solans tiene una respuesta contundente: “Si el problema es la falta de recursos, que no internen a tanta gente”.
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