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Acciona calcula que la Generalitat deberá abonarle un mínimo de 308 millones por ATLL
Acciona estima en 308,30 millones de euros el importe que, como mínimo, le corresponde recibir de la Generalitat si el Tribunal Supremo, como hizo la semana pasada, ratifica en los recursos que quedan por resolver y anula definitivamente la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la mayor de la historia de Catalunya.
En concreto, Acciona calcula que la Generalitat le debería reembolsar 268,8 millones por el canon pagado por la concesión que aún no se ha amortizado y otros 39,5 millones por las obras de mejora acometidas en instalaciones de ATLL. El grupo informa de estas cifras en un hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
“Dichas cifras confirman que los efectos de la sentencia no supondrán menoscabo patrimonial en relación con los importes registrados en balance ni salida de recursos para el grupo”, afirma la constructora en un comunicado.
La compañía ha indicado que mantendrá esta concesión hasta que el Alto Tribunal resuelva todos los recursos, entre ellos el presentado por la propia empresa (el Supremo falló la semana pasada sobre el recurso que presentó la Generalitat). Una vez se falle y notifique dicha sentencia, Acciona “analizará los fundamentos jurídicos de su fallo” para, en su caso, “determinar las acciones legales y judiciales que correspondan”.
El Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de junio de 2015 que respaldaba la anulación del contrato con el consorcio liderado por Acciona para gestionar la empresa que gestiona el agua 'en alta' de 4,5 millones de catalanes. En este sentido, Acciona ha explicado que el recurso pendiente de resolver por el Supremo “está fundamentado en motivos distintos” a los recursos sobre los que acaba de pronunciarse el Alto Tribunal.
Mientras tanto, la compañía recuerda que, según lo establecido en el contrato de concesión de la ATLL, está “obligada” a continuar prestando el servicio de gestión de agua hasta que, llegado el caso, se resolviera el contrato de concesión, se firmara el acta de retorno de los bienes y derechos afectos al servicio público y se abonara la a empresa el importe de la correspondiente compensación. Acciona controla actualmente el 76,05% de la sociedad concesionaria de la ATLL, que se adjudicó en 2012 y que consolida globalmente en sus cuentas desde comienzos de 2016.
La cifra de 308 millones proporcionada por Acciona es similar, aunque inferior, a la que manejan en la Generalitat. En una comparecencia parlamentaria, el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, cifró en 330 millones la cantidad que la Generalitat debería abonar a Acciona en caso de anulación del contrato, como ha sentenciado el Supremo. Aragonès elevó a 400 millones el coste si Acciona reclama lucro cesante, y consideró que el escenario escenario de nulidad del contrato no permitía a la compañía reclamar daños y perjuicios.
