Ya lo advertíamos hace un par de años y desgraciadamente los hechos nos dan la razón. En 2011, Amnistía Internacional denunciaba que la crisis económica no podía ser la justificación constante para recortar derechos humanos, especialmente de los colectivos más vulnerables. Los derechos humanos no son optativos, no son un lujo que sólo hay que disfrutar en tiempos de bonanza; los derechos humanos son obligaciones internacionales que ni se atenúan ni se agotan en tiempos de crisis. Y esto no es únicamente la opinión de Amnistía Internacional: el Estado español ha asumido obligaciones internacionales en la firma de determinados tratados. Todas las administraciones públicas del estado tienen la obligación de garantizar derechos y hacer todo lo posible para promoverlos y protegerlos.
Amnistía Internacional ha elaborado una agenda de derechos humanos para Catalunya que recoge las principales preocupaciones y recomendaciones para asegurar que el gobierno de la Generalitat tiene un compromiso firme, público y visible con la protección y la promoción de los derechos humanos en Catalunya y en el exterior. Queremos que la defensa de los derechos humanos vaya más allá de los discursos y las acciones aisladas y se concrete en planes a largo plazo, con objetivos detallados entre los diversos ámbitos de la administración y la acción política catalana.
Esta agenda es un documento de referencia y trabajo político que será el principal instrumento con el que Amnistía Internacional se dirigirá a partir de ahora al Gobierno de la Generalitat, a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento y al resto de instituciones catalanas al largo de la legislatura, con el objetivo de contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Catalunya.
En cuanto a los ámbitos de preocupación, queremos más protección y menos impunidad ante la violencia que afecta a las mujeres: hay que garantizar recursos para el Plan de seguridad y atención a víctimas, y recoger, publicar y analizar los datos estadísticos sobre las diversas formas de violencia de género, así como la asistencia y respuesta judicial ante las denuncias. Si no conocemos el alcance real del problema, será muy difícil dar una respuesta adecuada.
Uso de dispositivos antidisturbios como último recurso
Queremos poner especial énfasis en el respeto y la defensa de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Se debe analizar la manera y el contexto en que se utilizan las pelotas de goma y otros dispositivos como los gases lacrimógenos, para evitar graves daños físicos en la población civil. Es fundamental que los cuerpos policiales utilicen estos dispositivos como último recurso y no en primera instancia. Asimismo, recordamos que todos los agentes deben llevar en un lugar visible su número de identificación para cumplir así con la normativa vigente de identificación de los agentes de seguridad.
También pedimos una lucha más efectiva contra la discriminación y el racismo. Amnistía Internacional apela a la responsabilidad de los líderes políticos y de las autoridades para que, en sus pronunciamientos y discursos públicos, condenen la discriminación sea cual sea su forma, y que en el ejercicio de sus funciones públicas promuevan, sin retrasos, una política dirigida a eliminar la discriminación racial y a promover el entendimiento y la tolerancia. También recordamos que en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de manifestación de la religión o las creencias se hace extensible a la manera en que las personas deciden vestirse. Por lo tanto, los estados no deben imponer requisitos de aplicación general sobre si las mujeres se visten o no se visten de una manera determinada, por ejemplo, con el velo integral, sino que deben proteger a las mujeres frente la coerción o la imposición de estos requisitos por terceras partes.
Uno de los ámbitos que más nos preocupan es la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales en el tiempo de crisis que estamos viviendo. Esta preocupación se refleja en la necesidad de cumplir, más que nunca, el derecho y el acceso a la salud y a una vivienda digna. Estos derechos no son meros principios programáticos: las autoridades catalanas no deben olvidar que los derechos económicos sociales y culturales no son menores que otros derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho de toda persona a no ser torturada. Catalunya dispone de un importante margen de maniobra para desarrollar leyes y políticas que tengan en cuenta mecanismos para garantizar la información sobre los derechos, vías para la participación, indicadores de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas para avanzar hacia la exigibilidad de estos derechos.
En la agenda de derechos humanos en Catalunya también hemos incluido la promoción de los derechos humanos en las relaciones exteriores del Govern. Tanto los viajes al exterior como la recepción de visitas de delegaciones de otros países representan excelentes oportunidades para que las autoridades catalanas ejerzan su responsabilidad de contribuir al respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Queremos recordar que los programas de cooperación al desarrollo y los acuerdos políticos y económicos de la Generalidad con autoridades de otros países tienen un impacto directo en la vida de las personas.
Las víctimas, en su búsqueda de protección o justicia, a menudo se encuentran con que las administraciones autonómicas y locales catalanas son sus primeras interlocutoras. Así pues, se encuentra en manos de la Generalitat impulsar medidas que garanticen plenamente el cumplimiento de los derechos humanos, y Amnistía Internacional quiere contribuir a este proceso proponiendo acciones para garantizar que los derechos de todas las personas son protegidos.
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