Entidades catalanas relacionan la lucha contra la pobreza con un sistema fiscal justo y redistributivo
El 17 de octubre es el día internacional para la erradicación de la pobreza. De ahí que la plataforma unitaria Pobreza Cero haya celebrado un acto reivindicativo ante el edificio de la delegación de Hacienda en Barcelona, la calle Letamendi.
En Catalunya hay un millón y medio de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Más de 200.000 hogares tienen en paro a todos sus miembros en edad de trabajar. También hay más de 240.000 catalanes y catalanas que tienen unos ingresos anuales inferiores a 5.000 euros. Todos estos datos se han puesto de manifiesto en el acto simbólico en el que las 4.200 entidades que se agrupan en la plataforma han reclamado medidas efectivas para reducir la situación de pobreza que ya se da en Catalunya.
El manifiesto, leído por representantes de entidades tiene varios apartados. El primero se cuestiona sobre el Estado de Bienestar que se quiere, lo que lleva a reclamar un sistema fiscal justo, progresivo, proporcional y redistributivo.
Otro apartado aboga por una fiscalidad que cumpla su función redistributiva. En este sentido se afirma que “las transferencias sociales reducen a la mitad el riesgo a caer en la pobreza en Catalunya”. También dice en el manifiesto que la principal función de los impuestos es sostener el Estado de Bienestar. Y se recuerda que en España y en Catalunya, la relación entre el volumen total de gasto público y el PIB es históricamente inferior a la media de la UE a 27 y está a la cola en inversión social.
Reparto injusto
Del documento también se desprende que el reparto de las cargas impositivas es en Catalunya y en España también injusto. Actualmente el 72% de la recaudación corresponde a lo que pagan las personas físicas y sólo el 13% procede del impuesto sobre sociedades; de este porcentaje, el 76% lo aportan las PYMES y sólo el 24% las grandes empresas.
El 94% de las empresas del IBEX 35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales. La evasión y el fraude fiscal en España rondan los 60.000 millones de euros anuales. Se calcula que el 72% de los impuestos no pagados corresponde a grandes fortunas y empresas y el 28% restante, a PYMES, autónomos y particulares. En lugar de redistribuir la riqueza, se producen dinámicas que transfieren recursos públicos a manos privadas, afirma el manifiesto.
Entre los que han leído el documento estaba Xavi Casanovas, portavoz de la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria; Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat - Organizaciones para la Justicia Global, Núria Carrera, decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, y Teresa Crespo, presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social.
También han participado en el acto presentaciones los dos sindicatos mayoritarios y varios partidos políticos que han ido colocando piezas cartón en un muro simbólico.
