El Govern de Catalunya aprobará este martes, en la última reunión del Consejo Ejucutivo del año, la prórroga de los presupuestos con los que la Generalitat comenzará 2026. Se trata de una medida técnica que dará continuidad a las cuentas de 2023, las últimas aprobadas. Tal y como prevé la normativa, el decreto entrará en vigor desde el día 1 de enero y servirá para garantizar tanto el funcionamiento ordinario de la administración como la prestación de los servicios públicos, al menos hasta que se apruebe una nueva ley económica.
Desde el Govern remarcar el carácter obligatorio de la medida y aseguran que no han tirado la toalla para que Catalunya cuente con unos nuevos presupuestos a lo largo de este 2026. Para ello necesitarían una mayoría que, hasta el momento, se le ha escapado, pero que el equipo de Salvador Illa cuenta con que podrá recomponer, a ser posible en torno a los socios de la investidura, ERC y Comuns.
Por el momento no ha habido contactos con ningún grupo para tratar sobre las nuevas cuentas y el Govern asegura que el proyecto legislativo se encuentra aún en una fase inicial de trabajos internos en el Departamento de Economía. Con todo, ERC y Comuns sí han puesto sobre la mesa sus condiciones para un eventual apoyo a las cuentas.
Los republicanos vinculan directamente su voto a los avances en la llamada “financiación singular”, sobre la que mantienen negociaciones diferentes bandas con el Ministerio de Hacienda y el Govern. Oriol Junqueras se ha mostrado dispuesto a abrir la mano para que haya nuevas cuentas en Catalunya cuando se llegue a un acuerdo sobre el modelo de financiación con la ministra María Jesús Montero, algo que ambas partes confían en que ocurra a lo largo del primer trimestre de 2026.
Por su parte, los Comuns han fijado dar pasos firmes en materia de vivienda como condición para sentarse a negociar unos nuevos presupuestos con el Govern. Una de las cuestiones más importantes para la formación de Jéssica Albiach era la oficina antidesahucios y el registro de grandes tenedores, así como la puesta en marcha del régimen sancionador contra infracciones de la ley de viviendas.
La mayoría de estas cuestiones reclamadas por los Comuns han sido paulatínamente desbloqueadas a lo largo de este otoño, en el que también se ha extendido la limitación de los precios al alquiler de temporada. Queda por resolver, sin embargo, la propuesta para impedir las compras especulativas.
Pese a las dificultades para encontrar una mayoría parlamentaria en el ámbito económico, el Govern siempre ha mantenido que su objetivo es tener unos nuevos presupuestos en el año 2026, aunque por el momento necesiten prorrograr los de hace dos años.
Las últimas cuentas fueron aprobadas en febrero de 2023 por Pere Aragonès, gracias a un acuerdo que sumó al PSC y Comuns y acabó de orillar definitivamente a Junts. Al año siguiente Aragonès e Illa reeditaron su sintonía, pero fueron los Comuns quienes se opusieron al pacto, lo que llevó al entonces president a convocar elecciones.
La prórroga técnica de este martes deberá volver a las cuantías previstas en 2023 por lo que, de alargarse su vigencia, podrían volver a necesitarse supementos de crédito, como ya ocurrió este año. Conforme a la ley, el decreto prorrogará los créditos iniciales aprobados en 2023 de los gastos de todos los departamentos de la Generalitat y su sector público, a excepción de aquellos destinados a programas o actuaciones que finalizan este mismo año. Solo los gastos de personal se ajustarán a las dotaciones de 31 de diciembre de 2025, para poder pagar todas las nóminas con su nivel actual.