La jueza imputa a Colau y dos concejales de Barcelona por la querella de un fondo buitre

La jueza ha citado a declarar como imputados a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a dos de sus concejales por la querella de un fondo buitre, Vauras Investments. La denuncia, en la que se acusaba al Ayuntamiento de tener “connivencia” con unos “okupas”, fue archivada por falta de pruebas. Pero la Audiencia de Barcelona corrigió el criterio de la jueza instructora y ordenó reabrir la causa.

Colau deberá acudir a declarar como investigada el próximo 13 de marzo. También lo harán los ediles de Vivienda, Lucía Martín, y de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, así como una funcionaria del área de vivienda del consistorio, el día 10. La decisión de la magistrada llega después de recabar todos los expedientes del caso y supone el último paso antes de decidir si archiva de nuevo la causa, como ya hizo en primera instancia, o si lo envía a juicio. 

Colau ha comparecido junto a Martín y Serra para anunciarlo y lo ha enmarcarlo en la “retahíla” de querellas que ha recibido su consistorio “que hacen ruido y titulares y que acaban archivadas”. “Es evidente que durante estos dos mandatos el Ayuntamiento ha confrontado intereses especulativos”, ha declarado la alcaldesa. “Hay sectores acostumbrados a tener mucho poder, a mercadear con derechos fundamentales, y nadie les había parado los pies hasta ahora”, ha proclamado.

La de Vauras es solo una de la decena de querellas que han recibido concejales de Colau por parte grandes empresas y fondos buitre en los últimos años. Por ahora, la alcaldesa puede afirmar con rotundidad que ninguna de ellas ha llegado a juicio y varias han quedado ya archivadas.

Archivo en primera instancia por falta de pruebas

En el Ayuntamiento siguen sorprendidos de que la Audiencia ordenase el pasado mes de abril reabrir la causa después de la contundencia con que lo archivó la jueza instructora. No solo dio carpetazo en su día a la querella, sino que censuró el lenguaje y las acusaciones sin pruebas efectuadas por Vauras, que pretendía atribuirles a los responsables del consistorio hasta una decena de delitos. De toda esa lista, en la actual citación como investigados se recogen solo los de prevaricación y coacciones.

El caso del edificio de la calle Lleida se remonta a 2017, cuando un colectivo de activistas por el derecho a la vivienda lo ocupó para familias vulnerables y lo rebautizó como ‘Bloque Llavors’. En ese momento, según denunciaron, la nueva propiedad, Vauras Investments, estaba finalizando los contratos de todos los inquilinos para echarles, reformar los pisos y venderlos o alquilarlos a un precio más caro. 

El bloque, en el barrio del Poble-sec permaneció ocupado durante años y se convirtió en un símbolo para el movimiento por la vivienda. Fue desalojado finalmente en 2021, al sexto intento, en medio de un fuerte despliegue policial e incumpliendo el acuerdo que acababan de firmar ERC y la CUP hacía pocas semanas para investir a Pere Aragonès. 

Pero ya antes de ese desenlace, Vauras se había querellado contra Colau y sus concejales. Pero la jueza lo había archivado afeándole al fondo buitre que formulara acusaciones ​​sin pruebas y “sin rigor ni precisión alguna”. La magistrada descartó connivencia alguna entre el consistorio y los “okupas” y argumentó que si se habían frenado desalojos anteriormente era porque los Mossos así lo habían considerado o porque no se había encontrado un alojamiento alternativo para las familias vulnerables, tal como establece la legislación catalana.

En este sentido, Colau ha insistido en que el Ayuntamiento aplicó la ley antidesahucios catalana, la 24/2015. “Si querían echar a las familias debían ofrecer un alquiler social. Había casos de vulnerabilidad acreditada, con sus respectivos informes”, ha explicado.

El edil Marc Serra ha detallado que para reabrir la causa, la Audiencia se acogió a una doctrina que considera que “ante cualquier querella hay que realizar un mínimo de diligencias”, algo que no hizo la jueza instructora al archivarla. El concejal se ha mostrado asimismo sorprendido de que se cite a Colau cuando no participó en ninguna reunión ni tomó decisión alguna relacionada con el caso.