La PAH presenta una nueva herramienta jurídica para frenar los desahucios

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha presentado un escrito hoy en la Ciutat de la Justicia para solicitar la paralización del desalojo de tres familias de Ciutat Meridiana, que espera que sirva de modelo para parar cualquier desalojo en el que no se garantice una alternativa habitacional.

El documento, elaborado conjuntamente con el Observatorio DESC, se basa en el derecho constitucional a la vivienda, en el derecho internacional y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del Bloc Salt. “Lo que le dijo el Tribunal de Estrasburgo al Estado fue que no puede haber un desalojo que puede afectar derechos fundamentales, en este caso el derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes o el de la inviolabilidad del domicilio, mientras el Estado no puede garantizar un realojo”, explica Romina Tuliano, del Observatorio DESC.

La decisión del tribunal emanaba de criterios del derecho internacional que ya podrían haber aplicado los jueces españoles. Tuliano explica que “España ha ratificado una gran cantidad de tratados internacionales que garantizan el derecho a una vivienda y obligan a los estados a que en momentos de emergencia habitacional, como está ocurriendo en el Estado español, tomar medidas para que ni familias, ni personas, ni sobre todo niños, vulnerables, se queden en una situación de desventaja y de calle”.

“La sentencia de Estrasburgo permitió frenar el desalojo en Salt, así como proceder a ejecutarlo cuando el Estado ofreció unas garantías”, explica la jurista, pero además sentó un precedente que ahora la PAH busca explotar. El documento que han llevado hoy por primera vez a los juzgados y ya han hecho público en su web, procura ser “una herramienta que permita a los jueces parar el desalojo, porque aunque el resultado depende de su interpretación de la ley, deben negarse a ejecutar un desalojo cuando viola otros derechos que él debe preservar”, dice Tuliano.

La activista Gala Pin, de la PAH de Barcelona, remarca que “los jueces están respondiendo mucho más que las autoridades públicas al problema de los desahucios” y confía en que “con esto los bancos estén más dispuestos a negociar y las administraciones empiecen a implantar políticas de vivienda obteniendo viviendas vacías en mano de la banca”.

Pin explica, además, que el documento sirve a cualquier tipo de desalojo en el que se vea afectado el derecho a la vivienda, no solo los afectados por la hipoteca. Las tres afectadas que han presentado hoy el escrito en el juzgado tenían un caso de desahucio tras una ocupación, un impago de alquiler en un piso de Catalunya Caixa y una ejecución hipotecaria.