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CATALUNYA

El juez exculpa a la alcaldesa de Vic al no ver delito en la megafonía municipal independentista

El Tribunal Superior de Justicia catalán concluye que los mensajes independentistas entran dentro de la "discrecionalidad" de la administración pública

La Fiscalía acusaba de prevaricación y malversación a la alcaldesa, Anna Erra, por los mensajes en los que se llamaba a "no desviarse del camino de la independencia"

Plaça Major de Vic

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Carpetazo al caso de la megafonía independentista de Vic. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha exculpado a la alcaldesa de la localidad y diputada en el Parlament de JxCat, Anna Erra, al no apreciar los delitos de prevaricación y malversación de los que la acusaba la Fiscalía.

El TSJC –tribunal competente para los diputados en el Parlament– no acepta quedarse con la causa contra Erra en el juzgado de Vic. En un auto, redactado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, los magistrados constatan que no existen suficientes indicios de que Erra diera una orden verbal u escrita para poner en marcha la megafonía. Asimismo, se ha constatado que tampoco supuso coste alguno para la corporación municipal.

El polémico mensaje de Vic del año pasado, que un ciudadano asturiano denunció ante el juzgado y la Fiscalía, se escuchaba cada día a las 20:00 tras repicar las campanas a rebato: "No normalicemos la situación de excepcionalidad y urgencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro camino: la independencia de Catalunya".

El Tribunal Superior de Justicia concluye que los mensajes independentistas entran dentro de la "discrecionalidad" en la actuación de la administración pública fuera del periodo electoral, cuando los ayuntamientos sí están "especialmente obligadas a la neutralidad y objetividad más absolutas".

En contra del criterio de la Fiscalía, la Sala civil y penal del TSJC descarta continuar con la causa contra Erra al considerar que el mensaje difundido "no es ilícito en sí mismo" y que el consistorio no comprometió gasto público para difundirlo que pueda acarrear "cargas u obligaciones" para los vecinos, por lo que no supone prevaricación.

Para la Sala, el mensaje de megafonía tampoco incurre en un delito de malversación de caudales públicos, porque su difusión no ha supuesto "la destrucción, la depreciación o la distracción" de fondos municipales para fines privados o particulares.

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