Catalunya aprueba un paquete de ayudas económicas para los sectores más afectados por la COVID-19

Nuevas medidas económicas para tratar de amortiguar el duro impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en diversos sectores. El Govern catalán ha aprobado este martes un paquete con diferentes actuaciones destinadas a traspasar fondos hacia los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad, los autónomos que hayan perdido ingresos, y las empresas y entidades que se dedican a la atención social y la cultura. El paquete está valorado en su conjunto en más de 126 millones de euros y, una parte de él, viene de los 300 que el Govern ya anunció que iría utilizando para diferentes necesidades sociales a lo largo de la crisis.

Una de los acuerdos del Govern ha sido permitir que puedan deducirse el IRPF las personas con una renta anual por debajo de los 22.000 euros que han tenido más de un pagador. En esta categoría se incluyen todos los trabajadores que, sin haber sufrido una disminución de ingresos que les haya dejado por debajo de los 14.000 euros anuales, sí han visto rebajada o pausada su actividad y han recibido algún tipo de compensación por parte de las administraciones, como por ejemplo ERTE o prestación de desempleo. La Generalitat permitirá por tanto eximir a estos trabajadores de pagar el mínimo del impuesto sobre la renta en el tramo autonómico.

Esta modificación fiscal es una medida que el Ejecutivo catalán considera una ayuda directa a las economías de aquellas familias con menos ingresos y, a la vez, que han sido afectados directos por la COVID-19 y, por tanto, con incidencia redistributiva. En total calculan que afectará a unas 250.000 personas y que tendrá un impacto negativo para las arcas catalanas de 16,3 millones de euros en la recaudación de 2021.

A partir de aquí, el Govern ha previsto otras medidas en forma de inyecciones directas en el sector social, cultural y a ayudar a los autónomos. Respecto a la primera parte, la Generalitat actuará aumentando las tarifas que actualmente para por los servicios sociales, un incremento que supondrá un desembolso de 35 millones de euros más y de los que se repartirán 20 para el sector de las residencias y ancianos, 7,5 millones para personas discapacitadas y otros 7,5 para infancia. Este aumento de tarifas estará condicionado por el sector público catalán a que las empresas y entidades sin ánimo de lucro que operan en el sector de los servicios a las personas mejoren sus condiciones laborales y para los usuarios.

El Departament de Treball ha sido una de las consellerías a través de las que el vicepresident y responsable económico del Govern, Pere Aragonès, quiere canalizar la inversión. Así, será este área la que dispondrá de 20 millones de euros adicionales para una nueva línea de ayudas disponibles para los autónomos con una renta anual inferior a los 35.000 euros y que hayan visto sus ingresos caer más de un 50% en los últimos nueve meses. Todos los ellos podrán optar a una inyección de 2.000 euros en un solo pago. Esta medida da continuidad a unas ayudas que ya se abrieron en la primavera pasada, aunque ahora el presupuesto se amplía y afectará ahora a 10.000 autónomos más, según los cálculos del Ejecutivo.

Sin salir de las competencias del departamento de Treball, el Govern también ha ampliado en 40,5 millones de euros el presupuesto para las rentas garantizadas de ciudadanía, una política que nunca ha acabado de despegar debido a las trabas burocráticas y los altos requisitos con los que se diseñó, pero que la crisis económica provocada por la pandemia ha vuelto a poner bajo el foco de las políticas imprescindibles para canalizar fondos hacia las familias con menos recursos.

Finalmente se abren dos paquetes de ayudas a los trabajadores de las industrias culturales. Por una parte, una bolsa de 3,6 millones de euros que servirá para pagar una ayuda de 750 euros a los profesionales y técnicos del mundo de las artes escénicas, musical y audiovisual que hayan sido suspendidas por culpa de la COVID-19 y que hayan tenido ingresos por debajo de los 18.555 euros hasta septiembre. Por otra parte, una línea de ayudas para empresas y entidades culturales que hayan tenido que suspender espectáculos y actividades que ya tenían programadas y contratadas. Este paquete estará dotado con 8,4 millones de euros y pretende rescatar hasta un 40% del importe perdido por las empresas, profesionales y exhibidores.

En materia de vivienda, el Govern ha aprobado este martes el decreto para suspender el desahucio de personas en riesgo de exclusión social que vivan en un piso propiedad de un banco o de un gran propietario de vivienda, es decir, que tiene más de 15 pisos. La nueva norma obligará a los propietarios a acreditar ante el juzgado que han propuesto un alquiler social a sus inquilinos y en caso contrario se suspenderá el desahucio, ha explicado la consellera de Justicia, Ester Capella.

“El Govern busca la mejor herramienta con sus competencias para proteger a la ciudadanía más vulnerable” ha defendido Capella, que ha presentado la norma junto al secretario del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez, y la consejera del Consejo de la Abogacía Catalana, Eva Maria Ribó, quienes han apoyado y avalado la plena constitucionalidad de la nueva norma.