El Govern catalán ultima un decreto para prohibir los desahucios mientras dure la pandemia

Dos mujeres colocan una pancarta contra los desahucios

Los desahucios han vuelto al primer plano coincidiendo con la segunda ola de la pandemia por COVID-19. Después de que en las últimas semanas se hayan producido varios casos y de que colectivos por el derecho a la vivienda se manifestara este sábado en Barcelona, el Govern tiene previsto aprobar este martes un decreto para prohibir la mayoría de los desahucios que afecten a familias vulnerables mientras dure el estado de alarma o haya restricciones de movilidad en Catalunya, tal como avanzó el conseller de Territori Damià Calvet en una entrevista a Ràdio 4.

La nueva regulación que preparan conjuntamente los departamentos de Justicia y Territori modificará la ley catalana sobre la emergencia en materia de vivienda (ley 24/2015) para introducir los nuevos supuestos relacionados con la pandemia. Pretende completar el decreto aprobado por el Ejecutivo central, tanto por lo que respecta a los requisitos como al periodo cubierto y a los supuestos que incluye. Así, mientras la regulación estatal requiere que las familias acrediten estar afectados por la crisis derivada de la COVID-19, el decreto de la Generalitat englobará a las familias vulnerables sin alternativa habitacional en general.

Además, según el borrador inicial, la suspensión de los desahucios que plantea el Govern continuaría siendo válida más allá del 31 de enero, que es cuando acaba la cobertura estatal, y se mantendría mientras haya confinamientos de cualquier tipo, bien bajo el estado de alarma o bien impuestos por la Generalitat y avalados judicialmente. En el caso de que haya confinamientos que solo afecten a algunos territorios concretos, como ocurrió en verano en Lleida y otras zonas, la suspensión de desahucios afectaría solo a esos lugares y no al resto de la comunidad.

Por lo que se refiere a los supuestos incluidos en el decreto, la idea de la regulación catalana es suspender no solo los desahucios por impagos de alquiler, sino también los referidos a ejecuciones hipotecarias y, sobre todo, los de familias que se consideran ocupas de un inmueble, bien por haber entrado sin permiso o bien por no haberlo abandonado una vez agotado el contrato de arrendamiento. El tercer supuesto será válido siempre que el piso sea propiedad de un gran tenedor, como bancos o fondos de inversión.

Estos últimos, considerados como "ocupaciones sociales", son los casos más habituales con los que se está encontrando la administración en los últimos meses. Esta era por ejemplo la situación de la familia Condori, que fueron desalojados del piso que ocupaban en el barrio de Ciutat Meridiana propiedad del BBVA y al que el banco acabó aceptando que regresasen con un alquiler social. Con el nuevo decreto el Govern pretende que lanzamientos como el de esta familia no puedan ejecutarse mientras haya confinamientos o toques de queda, al entender que las familias quedan especialmente desprotegidas.

Fuentes de la Generalitat explican que, pese a que la redacción del decreto está muy avanzada, aún hay detalles que deberán acordarse entre los departamentos afectados, Justicia y Territori, y que podrían modificar el contenido normativo. Con todo, la idea es que del Consell Executiu de este martes salga una moratoria que impida la gran mayoría de los desahucios y que tenga cobertura mientras duren los efectos de la pandemia. De esta forma se pretende poner freno a la oleada de desahucios ocurrida en Catalunya desde el reinicio de los plazos procesales en junio pasado.

Según los datos del Tribunal Superior de Justicia, durante el estado de alarma se suspendieron 788 desahucios en Catalunya que, según los colectivos por el derecho a la vivienda, una cifra que ya se habría superado con creces. El Sindicat de Llogaters afirma que, en base a los datos del Ayuntamiento de Barcelona, solo en la ciudad se han dictado 443 órdenes de lanzamiento desde el pasado 14 de septiembre, una cifra que entidades como el mismo Sindicat de Llogaters temen que siga creciendo si no se remedia debido a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

Este lunes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado al Gobierno central que amplíe la regulación para acabar con los desahucios que se han seguido produciendo pese a la moratoria introducida en marzo, y ha alertado del "polvorín social" que la crisis está generando. El consistorio barcelonés también ha pedido reiteradamente a la Generalitat que ejerza todas sus competencias en materia de vivienda.

La modificación legislativa del Govern llevará aparejada medidas para mejorar la respuesta de las mesas de emergencia contra los desahucios. Según ha afirmado el conseller Calvet, la Generalitat pondrá un paquete de 12 millones de euros a disposición de hoteles y propiedades privadas hasta ahora destinadas al turismo para que ofrezcan un alquiler social a familias vulnerables que hayan pasado por procesos de desahucio o no dispongan de una alternativa habitacional.

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Publicado el
2 de noviembre de 2020 - 21:59 h

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