Las críticas internacionales a la violencia policial no se traducen en apoyos al independentismo
¿Tendría apoyos internacionales la posible declaración de independencia de Catalunya? En el caso que la Generalitat dé este paso contra la aplicación del 155 anunciada por Rajoy, ¿qué estados europeos darían apoyo a la secesión catalana? Según el presidente del Parlamento Europeo, “nadie”.
La no intromisión en “asuntos internos de los estados” es una de las reglas básicas de las relaciones internacionales. El Ejecutivo español ha intentado que el debate sobre la crisis constitucional se mantenga como una cuestión “doméstica”. Francia, Alemania y los principales dirigentes europeos han manifestado de manera reiterada el apoyo a Rajoy, el orden constitucional y la unidad de España.
Inmediatamente después del 1 de octubre, ese mantra europeo pudo resquebrajarse. Durante la jornada del 1-O que abrió las portadas de los medios europeos, numerosas autoridades se salieron del guión por las imágenes de las cargas policiales. Días después, diferentes mandatarios internacionales se pronunciaron sobre las detenciones de cargos de la Generalitat, supuestamente implicados en la organización del referéndum.
Ante las detenciones del 20 de septiembre, 56 diputados de 19 estados miembros de la UE pidieron a Rajoy detener la persecución del referéndum, o defendieron la “voluntad popular” que se expresaba en las urnas. Desde el parlamento suizo al expresidente de Eslovenia, Milan Kučan, que exigió el “cese del uso de la fuerza y las amenazas de intervención militar”. El expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, rechazó las medidas judiciales que, dijo, “no pueden resolver un conflicto político”.
En otro nivel y con más contundencia se produjeron las condenas a la actuación policial del 1-O que dejó más de 1000 heridos. Una actuación que Rajoy felicitó y que el rey eludió en su discurso el 3 de octubre. El portavoz del gobierno checo, Martin Ayrer, señaló: “Imágenes terribles. ¿Es realmente 2017, en un Estado miembro de la UE?”. El primer ministro de Eslovenia, Miroslav Cerar, pidió “soluciones pacíficas”.
En los países nórdicos, la presidenta de Finlandia, Sauli Niinistö, exigió el inicio de conversaciones ante “la grave situación”. La ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Marit Berger Røsland, expresó su preocupación por las agresiones policiales. Su homóloga lituana habló en términos parecidos: “El diálogo que es propio de las personas es una necesidad para España”. Denunció que “la violencia no ayudará”.
“Todos debemos condenar las escenas que se han presenciado” señalaba la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, que dirige un Gobierno de coalición con presencia de nacionalistas flamencos, condenó “todas las formas de violencia” e hizo “una llamada al diálogo político”. Precisamente, Michel insistió días después, en una entrevista concedida en el diario 'Le Soir', en la crítica por el uso de la fuerza para evitar la celebración del referéndum. Añadía que el problema “no era legal sino político” y que era un reto europeo resolver la cuestión.
Esta primera ola de reacciones no fue suficiente para romper la tendencia general: más allá de las críticas por la represión y los errores en la gestión del conflicto, Puigdemont y sus colaboradores no han conseguido arrastrar a la comunidad internacional hacia sus planes de independencia.
Diálogo “dentro de la Constitución”
Las llamadas al diálogo y las peticiones para encauzar la crisis por la vía política fueron matizadas al mismo tiempo que la diplomacia española dirigió el argumentario a las cancillerías. Así, las llamadas al “diálogo” fueron repetidas después, pero con un matiz: dentro de la constitución.
Según señala un embajador consultado por este medio, comunicar la posición española sobre el conflicto forma parte de la actividad diplomática. “Somos músicos que interpretamos una partitura que nos viene dada”, asegura.
Según los periódicos belgas 'De Morgen' y 'Het Laatste Nieuws', el primer ministro fue reprendido a través de una comunicación enviada al embajador belga en España. Álvaro Renedo, director para Europa y G20 en Presidencia del Gobierno le señalaba en un correo: “No hemos visto declaración alguna del Gobierno belga instando a la Generalitat a cumplir la ley, sólo ataques contra el Gobierno de España. Tomamos nota”.
Desde la Generalitat se consideran significativas las reacciones. Albert Royo, secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, recuerda que algunos estados habrían manifestado su predisposición a reconocer “una Cataluña independiente”. Para este responsable del Govern, si se han producido estas declaraciones públicamente “quiere decir que en privado y a puerta cerrada España tendrá que escuchar comentarios y críticas mucho más fuertes”, asegura.
Pese a la posición española, conocida por todos los mandatarios europeos, siguen pronunciándose declaraciones que de manera más o menos contundente plantean un escenario de diálogo para resolver la crisis. Por ejemplo, este viernes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mostró su apoyo a la ley tras recoger este viernes el galardón del Premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea.
En su discurso, Tusk no dudó en recordar ante Felipe VI y el auditorio su pasado como líder opositor en Polonia dentro del movimiento Solidarność: “Fuimos golpeados, arrojados a la cárcel, forzados a ir al exilio. Pero nunca nos olvidamos de algunos principios simples: que la violencia no resuelve nada”. Tusk advirtió que “el diálogo es siempre mejor que el conflicto, y que todos los actores de la vida pública deben respetar esta ley”.
