El Govern se declara responsable ante la Fiscalía de la apertura de locales públicos para el 9-N
El Govern de la Generalitat ha emitido este sábdado una nota de premsa mediante la que se declara responsable de la apertura de los centros de titularidad pública para efectuar el proceso participativo del 9-N. Con esta medida, el Ejecutivo catalán pretende evitar que los voluntarios sean mañana identificados por los Mossos d'Esquadra, tal y como ha exigido la Fiscalía catalana.
La Fiscalía Superior de Catalunya ha emitido una orden a los Mossos d'Esquadra por la que les pide identificar a los responsables de la apertura de los locales en los que se tiene previsto efectuar el proceso participativo del 9-N, así como facilitar una relación con la lista de edificios de titularidad pública que sean utilizados como centros de votación. La petición llega en el marco de la investigación abierta por la fiscalía para determinar si la utilización de los centros publicos el 9-N constituye un delito.
La Fiscalía ha informado en una nota de prensa que ha abierto nuevas diligencias para determinar la responsabilidad del proceso participativo, una investigación comenzada el sabado por la mañana a instancias de la Fiscalía General del Estado. Según esas diligencias se ordena al cuerpo policial autonómico identificar “a la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorización se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades convocantes del referido Procès Participatiu”, y al departamento de Educación de la Generalitat se le exige que informe de si “se han convocado reuniones con responsables de centros públicos en los que se solicita la puesta a disposición de los centros para la realización de la consulta”, y si la Generalitat ha dado “órdenes o instrucciones” para que se utilicen esos locales.
Además, se reclama a la empresa Unipost S.A., encargada del envío de materiales informativos relacionados con la consulta, que remita “la hoja de encargo, contrato y cuantos documentos obren en su poder” relacionados con la “distribución o buzoneo de la propaganda relacionada” con el 9-N, y que comuniquen “qué persona o entidad les suministró el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado”.
Los mossos han asegurado este sábado que están a disposición del poder judicial para cumplir sus órdenes si éste decidiera actuar contra el proceso participativo del 9-N, tal como adelanto el jueves el conseller de Interior, Ramón Espadaler. Según ha confirmado un portavoz del cuerpo, los Mossos, como policía judicial que son, obedecerán cualquier mandato recibido de los jueces y los tribunales, también el de cerrar locales o retirar urnas si se ordenara.
