La Generalitat pide seis años de cárcel para los acusados de quemar un Starbucks en la huelga general de 2012
Uno de los disturbios más contundentes de la huelga general del 29 de marzo de 2012 llega a juicio más de cinco años después. Cuatro personas se sientan desde este miércoles en el banquillo acusados de quemar el Starbucks de la plaza Urquinaona de Barcelona. Las acusaciones piden para ellos seis años de cárcel, las penas máximas por los delitos de desórdenes públicos y daños, y una indemnización de 81.000 euros. Su defensa reclama la absolución.
El juicio cuenta con tres acusaciones: la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat. Pese a pedir la misma pena por los mismos delitos, no coinciden exactamente en cuál de los acusados inició el incendio de la cafetería ni de qué manera. Sí resaltan que todos actuaron “de común acuerdo” para provocar la quema, y que tres de ellos iban tapados con gorros y capuchas para no ser identificados.
En concreto, del acusado C.F. la Abogacía del Estado afirma que incendió el local introduciendo un líquido inflamable y a través de un papel en llamas, mientras que la Fiscalía y la Generalitat aseguran que lo hizo lanzando, primero, una botella de plástico y después un “objeto en llamas”. Las acusaciones sí coinciden en que otra acusada, C.G., introdujo en el Starbucks papeles en una bolsa a la que prendió fuego, y que lo hizo a cara descubierta.
Del procesado J.P., la Abogacía del Estado sostiene que participó en el altercado rompiendo los cristales de la cafetería, extremo que no se recoge en el escrito de la Fiscalía, que dice que provocó el incendio de forma genérica aunque pide para él también seis años de cárcel. La Generalitat, que ejerce de acusación popular, no llega ni a acusarle.
De la última de las personas que se sentarán en el banquillo, L.M., las tres acusaciones sostienen que daba instrucciones al resto del grupo que quemó la cafetería y que impedía al resto de manifestantes que pasaban por la plaza Urquinaona tomar imágenes del acto vandálico.
Se da la circunstancia que la Generalitat no se ha apartado de la causa pese a que, tras el acuerdo por el que la CUP hizo president a Carles Puigdemont, el Govern mostró su disposición a retirarse de los procesos judiciales con acusados durante protestas sociales, siempre que no hubiera agentes de los Mossos d'Esquadra agredidos. Lo mismo ocurrió en enero de 2016 con uno de los juicios por el desalojo del centro social okupado Can Vies.
Por su lado, las defensas reclaman la absolución de los acusados ya que no hay suficientes pruebas para concluir que quienes prendieron fuego a la cafetería sean los que se sentarán en el banquillo. A su juicio, se apunta a los acusado por formar parte de los movimientos sociales de Barcelona y aparecer sus nombres en ficheros policiales.
El incendio ocurrió en la primera de las dos huelgas generales de 2012, en plena crisis económica y en una de las épocas de mayor descontento social y alteraciones de orden público, a los que el por aquel entonces conseller de Interior, Felip Puig, abogaba por responder con los antidisturbios y, en sus propias palabras, “tensando y yendo hasta donde permite la ley y un poco más allá”.
Este caso es uno de los últimos procesos abiertos a raíz de los disturbios de las huelgas generales de 2012 que llega a juicio. En su mayoría, las decenas de causas se han saldado con condenas leves o absoluciones.
